Archivo - Gente paseando frente a las tiendas - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Facua-Consumidores en Acción ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre y desarrollar también una "huelga de compras", donde no hacer compras ni contratar servicios durante toda el día para denunciar la pérdida de poder adquisitivo ante la escalada de precios de la vivienda, los alimentos, la electricidad y la gasolina.
En concreto, la organización considera "necesario" que los consumidores también expresen con este parón de compras su rechazo a un modelo económico que dificulta cada vez más el acceso a bienes y servicios esenciales, según informa en un comunicado.
De esta forma, esta 'huelga de compras' busca trasladar al ámbito del consumo la protesta social del próximo 11 de noviembre. Así, la asociación anima a los ciudadanos a no realizar compras ni contratar servicios durante las 24 horas de la jornada como forma de visibilizar el "descontento" ante una situación que compromete el acceso a la vivienda y a otros bienes básicos por la carestía de la electricidad, los carburantes, las hipotecas o los alimentos.
Asimismo, llama a no repostar combustible y paralizar durante ese día las gestiones para nuevas contrataciones y los cambios de tarifas con operadoras de luz, gas, telecomunicaciones o entidades financieras.
Por todo ello, Facua anima a la ciudadanía a participar en esta jornada de protesta y a convertir la huelga de compras en una muestra de rechazo a la desigualdad, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder a una vivienda digna.
La organización de consumidores recuerda que la crisis de la vivienda, la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo están "agravando la desigualdad" y situando a las familias en una situación de creciente vulnerabilidad.
De esta forma, la asociación denuncia que esta situación limita la capacidad de los consumidores para cubrir sus necesidades básicas, por lo que interpela a las administraciones públicas, a los responsables políticos y a las organizaciones empresariales para que asuman sus responsabilidades y adopten medidas que garanticen unas condiciones de vida dignas.
