BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el director de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, han firmado este martes la adhesión de la compañía de transporte al protocolo contra las violencias sexuales en espacios de ocio, por el que FGC formará a 1.080 empleados: 180 antes de fin de año y el resto de manera escalonada durante 2020.
Al acto de adhesión al protocolo, celebrado este martes en la estación de plaza Catalunya de Barcelona, también han acudido la presidenta del Institut Catal de les Dones, Laura Martínez, y el director general de Administración de Seguridad de la Generalitat, Jordi Jardí.
En declaraciones a los periodistas tras la firma, Font ha señalado que, con casi 90 millones de pasajeros al año, la campaña 'No en passem ni una' (No dejamos pasar ni una) llegará a muchas personas, especialmente jóvenes, y ha destacado que no se trata solo de una campaña de comunicación, sino que implicará la formación de trabajadores: "Permitirá mejorar la formación y profundizar en estos valores".
Font también ha asegurado que no trabajarán solo por lo que pasa dentro del transporte público sino que también colaborarán con la Conselleria y el Institut Catal de les Dones "para que haya itinerarios seguros" una vez se sale del tren.
Buch ha señalado que el transporte público es el tercer espacio --a parte de las relaciones de pareja-- donde se dan más agresiones sexuales, por lo que ha señalado la relevancia de que el protocolo, pensado inicialmente para espacios de ocio, se extienda también hasta los ferrocarriles.
Martínez ha coincido en señalar la cantidad de agresiones que se producen en el transporte público y, en la línea de la campaña del Institut Catal de les Dones, ha dicho que es importante no callar: "Los cómplices en el espacio público son actores importantes a la hora de denunciar estas situaciones. Interpelémonos todos a intervenir".
SANCIONES
Preguntado por si se restringirá el acceso al transporte público a quien cometa una agresión machista, Buch ha señalado que una sanción así se debería regular en el Código Penal, y el Govern no tiene competencias para hacerlo.
"Con la capacidad legislativa que tenemos, debemos utilizar la vía administrativa", que no permite establecer órdenes de alejamiento del transporte o de una discoteca, por ejemplo, ha señalado Buch.
Ha afirmado que utilizarán todas las herramientas que tienen "para dejar claro que no hay impunidad ante las violencias sexuales".
Hasta el momento no se ha aplicado ninguna sanción económica a raíz del protocolo, que contempla multas de hasta 600 euros y que podrían aumentar mediante una propuesta de modificación de la Ley de Espectáculos, que aumentaría las sanciones a entre 1.000 y 10.000 euros por agresiones en espacios de ocio.
Un total de 20 entidades públicas y privadas ya han firmado el protocolo y otras 120 están tramitando la adhesión, y 3.800 trabajadores ya han recibido la formación para aplicarlo.
