El fiscal pide prisión para tres imputados más en la trama del Puerto de Barcelona

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pidió hoy prisión para tres de los detenidos que declaraban hoy en relación a la trama delictiva que robaba contenedores en el Puerto de Barcelona, confirmaron a Europa Press fuentes judiciales.

A las 21.30 horas habían declarado ocho de los nueve imputados que debían declarar hoy, de entre la veintena de detenidos.

Las personas que declararon hoy eran en su mayoría trabajadores del Puerto o controladores que supuestamente participaron en los saqueos. La titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona deberá decidir ahora si ingresan en la cárcel las tres personas para las que el fiscal ha pedido prisión.

La organización está acusada de asociación ilícita, receptación, robo, contrabando y falsificación de efectos timbrados por los sellos del tabaco. Además, al sargento de la Guardia Civil detenido le imputan un delito de revelación de secretos, según fuentes judiciales.

La red se dedicaba a saquear contenedores del Puerto, que trasladaban a almacenes del área metropolitana con la ayuda del sargento de la Guardia Civil --jefe de la policía judicial del Puerto--, que les facilitaba la salida, y una vez allí robaban la mercancía antes de devolver los contenedores llenos de piedras.

La juez decretó prisión este jueves para el sargento, que, según informaron fuentes cercanas al caso, era un pilar de la trama, ya que autorizaba la salida de los contenedores del recinto portuario, y era él quien tenía la información de cuáles eran los que interesaba robar.

En total hay una veintena de detenidos en esta trama, de los que este jueves también declararon otros cuatro --un trabajador del Puerto, el responsable de un taller y dos transportistas--, que quedaron en libertad con cargos después de que Fiscalía decidiera no pedir pena de prisión.

Se está a la espera que pasen a disposición de la juez el resto de presuntos implicados, detenidos fuera de Barcelona.

La causa judicial se inició en diciembre de 2009, y la investigación parte de una denuncia ante los Mossos de una compañía aseguradora afectada.