BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente de Eurobank del Mediterráneo, Eduardo de Pascual Arxé, afronta mañana lunes el primer juicio por su polémica gestión al frente de la entidad, que está en liquidación tras ser intervenida por el Banco de España en julio de 2003 y suspender pagos un mes después. El fiscal pide seis años de cárcel para Pascual y dos de sus colaboradores por un delito societario y otro de estafa contra su ex socio Carlos Bosch, con quien compartía negocios en la compañía BCG.
La acusación sostiene que Pascual y sus socios se hicieron ilícitamente con el control de BCG, dedicada a la comercialización de pescado, y vaciaron la sociedad en beneficio de Eurobank y de sus filiales, mientras que la defensa niega estos hechos y pide la absolución de los acusados.
El fiscal, además de la pena de cárcel, pide una indemnización de 6,7 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, y establece como responsable subsidiario a Eurobank. La vista oral tendrá lugar en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal, Miquel Á. Pérez de Gregorio, sostiene que Pascual, "obrando con el ánimo de enriquecerse económicamente", contactó con el fundador de BCG, empresa dedicada al comercio de pescado, para entrar a participar en dicha sociedad con la promesa de mejorar el negocio a pesar de que ésta se encontraba en situación de quiebra y debía dinero a Eurobank.
Para materializar la operación, Pascual solicitó que se pignorasen todas las acciones de BCG a favor del banco, además de constituir una serie de hipotecas y opciones de compra, "todo a modo de garantías puramente formales", según el fiscal, con el objetivo de conseguir una línea de crédito con Eurobank y lograr reflotar la sociedad. La operación contó con un informe favorable de la también acusada, Delfina Fulladosa Cerezo, que era la auditora del banco.
La operación fue aprobada por los socios de BCG --Bosch, su esposa, Maria Assumpció Falgueras, y Joan Pau Capellas--, que aprobaron la pignoración de las acciones, además de una hipoteca sobre la práctica totalidad de los bienes inmobiliarios de los socios. En esta operación, Bosch fue nombrado administrador de la sociedad, aunque de forma solidaria con la acusada Fulladosa.
"DE COMÚN ACUERDO Y PARA ENRIQUECERSE".
"Una vez los acusados entraron en BCG --relata el fiscal--, obrando de común acuerdo y con el ánimo de enriquecerse económicamente, empezaron a realizar diversas acciones encaminadas a perjudicar a la citada empresa, en beneficio del banco y de sus filiales". Así, al cabo de un mes, se cesó de su cargo a Bosch, poniendo en su sitio al también acusado Alexandre García Calvo, persona de confianza de Pascual y de Fulladosa.
El fiscal explica que los acusados "actuando conjuntamente" dejaron totalmente inoperante a la sociedad BCG, mediante el traspaso de clientes y la cesión de créditos a Santayana Desosa, filial del banco dedicada a negocios inmobiliarios, que se encontraba hasta entonces inoperante y que pasó a dedicarse a la comercialización de pescado. Según el fiscal, Santayana, de la cual había sido administradora Fulladosa, creció en su actividad mientras que BCG quedaba inoperante para el tráfico comercial.
El fiscal estima que estos hechos constituyen un delito societario y un delito de estafa para los cuales pide tres años y tres años de cárcel, respectivamente, para cada uno de los tres acusados, además de una indemnización de 6,7 millones de euros por daños y perjuicios, de la que deben responder de forma conjunta y solidaria, estableciendo como responsable civil subsidiario a Eurobank.
Este es el primer juicio de los que afronta el ex presidente del banco, que deberá responder también a diversas querellas de accionistas y clientes. A finales de 2005, un juzgado de Barcelona fijó una fianza de nueve millones de euros para cubrir una eventual responsabilidad en el 'caso BCG'.