Fiscalía pide 2 años para excargo del Govern por la autorización ambiental a la cementera Lafarge

La Fiscalía de Barcelona solicita 2 años de prisión para el exjefe de servicio de la antigua Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Emili Dragone, como presunto autor de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente en la autorización ambiental en 2015 a la cementera de Lafarge --ahora de Holcim-- en Montcada i Reixac (Barcelona).

El escrito, avanzado por 'El Periódico' y al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que el que fue el máximo responsable de la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental y de las autorizaciones ambientales en Catalunya ignoró una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declaraba nula la autorización ambiental otorgada a la cementera en 2008.

La referida autorización ambiental de 2008 fue otorgada por la Dirección General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya para adaptar la actividad de la cementera de Lafarge a la ley catalana 3/1998.

Sin embargo, en 2013 esta autorización fue tumbada por el TSJC, que declaró la "nulidad de pleno derecho" del otorgamiento de la misma al no haberse hecho pública --un requisito esencial-- para que los afectados e interesados pudieran hacer alegaciones, en una decisión que fue confirmada en 2015 por el Tribunal Supremo.

PROMOVIÓ LA MISMA AUTORIZACIÓN EN 2015

La Fiscalía sostiene que, pese a que Dragone tuvo conocimiento de que la resolución judicial era firme, lejos de promover el inicio de un nuevo procedimiento administrativo de autorización ambiental, "que era lo que sabía que procedía", promovió la misma en 2015.

Después, abrió un trámite de alegaciones y, una vez valoradas y tras denegarlas "personalmente", propuso a la Ponencia Ambiental que aprobara la autorización, lo que finalmente sucedió.

La Fiscalía añade que, en el momento en el que se realizaron los trámites, la autorización otorgada se amparaba en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "completamente obsoleta", realizada en 2006, y que Dragone sabía que la cementera había experimentado modificaciones en su actividad desde 2009 hasta 2015.

Asimismo, señala que cuando promovió el aval a la cementera sabía que en esa DIA no se había evaluado "convenientemente" el estado de la contaminación atmosférica en la zona ni tampoco el impacto de las emisiones sobre la calidad del aire en Montcada y de su área metropolitana.

Tampoco se evaluaron otras repercusiones ambientales, como la contaminación sonora, si bien el Ayuntamiento informó de que los niveles sonoros superaban el límite establecido para el horario nocturno, una circunstancia que no permitía el otorgamiento de una nueva licencia, sino que había que realizar un nuevo estudio de impacto ambiental que sustituyese al anterior de 2008.

Aun teniendo un informe desfavorable, "de manera consciente y premeditada" prescindió de los mismos y no procedió a formular una nueva declaración de impacto ambiental que sustituyese a la de 2008, prosigue el escrito.

Por todo ello, la Fiscalía solicita para él no sólo 2 años de cárcel, sino también una multa de 6.480 euros y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.