La asociación Marea Blava critica la "laxitud y permeabilidad" en cuestiones de seguridad
BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El año pasado se requisaron 855 móviles en las prisiones catalanas, 19 menos que el año anterior, cuando se hallaron 874 terminales, según los datos de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática a los que ha tenido acceso Europa Press.
El número se ha elevado con respecto a 2022, cuando el número de dispositivos descubiertos en las prisiones catalanas fue de 740, según los datos del departamento.
La prisión con más incautaciones el año pasado fue la de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), con 218, seguida de Puig de les Basses, en Figueres (Girona) y Mas d'Enric (Tarragona), con 110 cada una, y la de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), con 106.
En el otro extremo, la prisión en la que se hallaron menos móviles en 2024 fue la de Mujeres de Barcelona, con 10 dispositivos, seguida de la de Joves, en La Roca del Vallès (Barcelona), con 56.
Hasta febrero de 2025, se han incautado en las prisiones de Catalunya un total de 137 terminales, 33 de ellos en Quatre Camins, 20 en Joves, 17 en Puig de les Basses y 16 en Ponent (Lleida).
"GRAVE PROBLEMA"
Los datos se han conocido después de que la asociación Marea Blava criticara que la presencia de móviles dentro de prisión suponen "un grave problema y evidencia la laxitud y permeabilidad en cuestiones de seguridad" en los centros penitenciarios catalanes.
La asociación asegura que el año pasado se requisó "un teléfono móvil por cada 10 internos" y que en 7 años, entre 2018 y 2022, se hallaron un total de 4.546 terminales.
Añade que los dos últimos años se ha detectado un "estancamiento" en el número de decomisos y se preguntan por el número real de dispositivos en manos de los internos.
RIESGOS
Su uso dentro de prisión, según Marea Blava, puede comportar la comisión de nuevos delitos, como la continuidad de una actividad delictiva previa a la entrada en prisión o una nueva actividad destinada a coordinar la entrada y distribución de drogas dentro de la cárcel, así como la creación de redes de extorsión a otros internos y familiares para lograr esta introducción.
También, la realización de pagos por tráfico y consumo de drogas dentro de prisión o el quebrantamiento de órdenes de protección y comunicación con las víctimas.