BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El exdirector del Servicio de Radiodiagnóstico de la Fundación Puigvert Fernando Izquierdo ha defendido este lunes la idoneidad de los tratamientos para eliminar piedras en la uretra a más de 200 pacientes que facturaron al Servicio Catalán de Salud (CatSalut) entre 2003 y 2004, pese a reconocer que podrían haberse eliminado de forma natural.
"Yo tenía la obligación moral de solucionarlo. No me parecía muy ético decirle que ya se le curará solo. Mi responsabilidad era hacerlo", ha explicado el médico, ya jubilado, en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Barcelona, en el que también han declarado como acusados la todavía presidenta del Patronato Rector y exdirectora general, Esperança Martí, y la ahora directora del Área de Servicios Básicos, Helena Isábal.
Sin embargo, la fiscal sostiene que estas litotricias --pulverización de las piedras para facilitar su expulsión-- se diagnosticaron a pacientes que ya las habían expulsado del cálculo urinario, por lo que los considera tratamientos innecesarios.
Estas 237 litotricias --por un valor de 1.502 euros cada una-- que pagó el CatSalut "pasaron a engrosar el patrimonio" de los tres acusados, según la fiscal, que pide cuatro años de cárcel para cada uno, además de la devolución de los 356.000 euros facturados y multas de 3.600 euros por acusado.
"Yo no miraba ni sabía si el paciente era o no facturable", ha justificado Izquierdo sobre la aplicación de lo que ha llamado 'método Puigvert', que ha presumido que era pionero, y en el que además de las piedras también se eliminaban restos de menor entidad que calificó de arenillas.
Por su parte, la presidenta del Patronato Rector de la Puigvert ha reconocido que fue ella quien firmó los convenios con el CatSalut y que los casos de tratamiento de litotricias superaban los topes contratados, con lo que, a partir de ese número, solamente se cobraba la mitad del importe con lo que la Puigvert "dejaba de ganar".
La directora del Área de Servicios Básicos ha declarado que ella desconocía los convenios firmados y las facturaciones que se emitían al CatSalut.
Este caso parte de la denuncia de una parte de la familia Puigvert hacia la fundación que ahora dirige la entidad médica, y en la que la fiscal ve un delito continuado de estafa.