Fecsa Endesa podrá ser propietaria de algunos cables soterrados de 220 kW en poblaciones con más de 20.000 clientes
BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat dará dos años de plazo a las eléctricas para mejorar el suministro, según recoge el anteproyecto de ley de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico en Catalunya. La normativa aumenta los requisitos actuales en protección del consumidor y garantía de suministro y aumenta las sanciones hasta los 30 millones de euros en los casos más graves, frente a los tres millones como máximo actuales.
La nueva norma, que será aprobada el próximo martes en la reunión semanal del Govern, pretende evitar apagones como el que el 23 de julio dejó sin luz a 350.000 personas en Barcelona y que se prolongó varios días. Ahora la Generalitat exigirá a las eléctricas que resuelvan las incidencias en un máximo de cuatro horas en zonas urbanas (con más de 20.000 clientes), frente a las cinco actuales, además de demandar un mejor diseño de la red para evitar al máximo las incidencias.
Así, cada cliente deberá poder ser alimentado por una segunda subestación si la subestación de la que depende normalmente falla, cada subestación deberá estar interconectada con las de su entorno de forma que si una cae el resto pueda soportar la demanda y las nuevas subestaciones deberán contar con transformadores de reserva que supongan el 30% de su potencia total, así como de un espacio reservado para colocar subestaciones móviles en caso de avería.
Las empresas distribuidoras también deberán disponer de equipos auxiliares de emergencia y de grupos electrógenos, así como de una subestación móvil de 30 MW (megavatios) de potencia en caso de que den servicio a más de un millón de clientes.
Además, estará prohibido que cables de menor tensión sobrevuelen cables de mayor tensión, como pasó en las instalaciones de Collblanc de Badalona (Barcelona), foco de inicio del apagón de julio. Esta distribución sólo se repite en otro lugar de Catalunya, concretamente en la subestación de Sant Andreu, en Barcelona.
MÁS RED PARA LAS DISTRIBUIDORAS.
Con la futura regulación, la Generalitat prevé que las distribuidoras, como Fecsa Endesa, puedan ser propietarias de algunos cables soterrados de 220 kW (kilovatios) y sus subestaciones subsidiarias en poblaciones con más de 20.000 clientes que sean considerados como de distribución --y no como transporte-- por el Gobierno catalán, que decidirá "caso a caso", informaron fuentes de la Conselleria de Economía, de la que depende Energía.
Hasta ahora, Red Eléctrica de España (REE) es la propietaria de todos los cables de 220 kW y en algunos casos en que Fecsa Endesa ha desplegado red de este tipo, la ha vendido a REE tras la construcción, como pasó en 2003. Ahora, este cableado o una parte podrá volver a manos de Fecsa Endesa, según el anteproyecto de ley.
El Gobierno catalán atribuye esta decisión a cuestiones "operativas", ya que considera que hay cables de 220kW, especialmente en grandes núcleos de población, que son más de distribución que de transporte. De hecho, REE ya ha traspasado propiedad de cableado en Madrid y Galicia, en estos casos con la distribuidora Unión Fenosa.
CONTROL Y REDUCCIÓN DE BUROCRACIA.
Por lo que respecta al control de las eléctricas por parte de la Generalitat, el Govern demandará más información sobre los planes de inversión, con previsiones anuales y a largo plazo, y con más detalle tanto en los proyectos previstos como en su financiación y calendario de ejecución.
Además, el Gobierno catalán establecerá un programa de inspecciones periódicas que deberán llevar a cabo las eléctricas, al que sumará una inspección con técnicos contratados por la Generalitat para que revisen una muestra de los resultados presentados por las empresas.
En el caso de los trámites administrativos y con el objetivo de facilitar la mejora de la red, el anteproyecto de ley incluye que la Generalitat podrá declarar de interés general instalaciones de transporte secundario y distribución, con lo que los permisos de construcción se tramitarán más rápido. Por lo que respecta a instalaciones de hasta 66 kV (kilovoltios), su autorización requerirá sólo la documentación previa y la documentación del proyecto.
En caso de incumplimiento de la normativa, la Generalitat podrá revocar o suspender autorizaciones administrativas sobre las que tiene competencias. Además, con la nueva regulación aumenta el importe de las sanciones: 600.000 euros por casos leves (ahora son 60.000), seis millones por casos graves (ahora son 600.000 euros) y 30 millones por casos muy graves (ahora son tres millones).
En el caso del apagón de julio, la Generalitat finalizará su expediente informativo la próxima semana, y si las conclusiones llevan al Ejecutivo a abrir un expediente sancionador, aspecto todavía sin decidir, la voluntad del Govern es aplicar las multas previstas en el anteproyecto de ley.
