BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat presentó este miércoles las alegaciones a la propuesta de bono social que ha elaborado el Gobierno central, y lo ha hecho en base a la propuesta consensuada entre la administración catalana y las entidades sociales, que ya se presentó en febrero y que tiene como objetivo preservar la protección de las personas en situación de pobreza energética según la Ley 24/2015 y blindar las competencias de Catalunya.
Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el secretario de Empresa y Competitividad, Joan Aregio: "Pretendemos que se tenga en cuenta nuestra propuesta, fruto del trabajo, esfuerzo y generosidad de la administración catalana y las entidades sociales".
Aregio ha lamentado que la transposición que realiza el Gobierno central de la directiva llega "muy tarde", ya que debería estar vigente desde 2011, y no ofrece una cobertura completa ni equitativa con las personas en situación de pobreza energética.
En este sentido y en cuanto a la definición de consumidor vulnerable, la Generalitat cree que no sólo se debería ofrecer cobertura a unidades familiares, sino también a personas que viven solas.
Considera que el criterio relacionado con el nivel de renta se debe aplicar en función de los indicadores de cada comunidad autónoma --el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya, en el caso catalán-- en lugar del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para tener en cuenta el coste de vida de cada autonomía.
Además, este indicador se debe ponderar en función de circunstancias como el volumen de la unidad familiar y los miembros en situación de discapacidad o dependencia energética.
Según la Generalitat, la consideración de consumidor en riesgo de exclusión social no se puede limitar solo a los ciudadanos ya atendidos por los servicios sociales autonómicos y locales a través de la financiación del 50% de la factura.
"Todos los ciudadanos que sufren pobreza energética deben ser tratados en igualdad de condiciones por ley y no pueden ser discriminados por unos criterios específicos de financiación", ha dicho Aregio, ya que cada comunidad puede materializar de forma diferente sus políticas.
AMPLIACIÓN AL GAS
El Govern quiere que la cobertura del bono social se amplíe al gas canalizado y el butano, así como que se aplique un IVA reducido a los suministros básicos y el superreducido a las personas vulnerables.
El Ejecutivo catalán también plantea un régimen sancionador por incumplimiento de normativa y que sean las administraciones autonómicas las que gestionen los fondos destinados a cofinanciar el bono social.
En cuanto a las competencias, defiende respetar sus procedimientos administrativos para acreditar la vulnerabilidad de un ciudadano o de solicitar el bono social.
