BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Govern presidido por Artur Mas presentará entre abril y mayo su plan para reformar la administración catalana, que incluirá la supresión de las empresas públicas, consorcios y fundaciones que no son necesarias.
Lo ha anunciado en el Parlament la vicepresidenta del Govern y consellera de Gobernación y Administraciones Públicas, Joana Ortega, quien ha defendido esta reforma ya que "la Generalitat ha crecido de manera exponencial y es bastante complicada su viabilidad" a día de hoy.
En la reforma del sector público influirá un plan para optimizar los recursos materiales, inmobiliarios y de personal de la administración catalana, y también una estrategia de "racionalizar" las empresas públicas, en la que se analizarán las que son necesarias y las que no, y se revisará también su personal y las dietas de sus directivos.
El análisis se hará en base a la "relación entre coste y beneficio" que aporta cada empresa pública, y Ortega ha indicado que quiere hacer la reforma desde la complicidad con la oposición y los sindicatos.
El objetivo es que las plantillas sean "más adecuadas a los nuevos requerimientos sociales y económicos", mejorar la formación de los empleados públicos y su carrera profesional, incentivar sus resultados y también su polivalencia.
Para optimizar los recursos humanos, se hará un análisis para "identificar bolsas de sobredimensionamiento y poner recursos allí donde hagan falta sin incrementar el gasto".
Se harán también auditorías para optimizar recursos humanos, técnicos y económicos, y los indicadores de eficacia, exigencia y coste de la Generalitat y sus empresas serán públicos.
Además de una reducción y simplificación del sector público, Ortega ha reiterado el compromiso del Govern de que la administración sea más transparente, y también más "ágil y más accesible", con una simplificación normativa y de los trámites que hacen los ciudadanos.
También ha indicado que se elaborarán planes de optimización tanto de los inmuebles de la Generalitat como de los gastos en material, y habrá una reducción significativa de los gastos protocolarios como "viajes, estudios y publicaciones", tanto del Govern como de las empresas públicas.
AUTOGOBIERNO
Ortega también se ha comprometido a trabajar para que haya un acuerdo sobre la ley electoral, y en cuanto a las relaciones con Madrid, ha asegurado: "No daremos ningún paso atrás", reivindicando que el Govern exigirá que cumpla al 100% el Estatut.
El PP se ha puesto a disposición del Govern para impulsar juntos reformas del sector público, aunque su diputado Enric Millo ha indicado que los populares están dispuestos a acompañar a CiU "en la defensa de que Catalunya reciba lo que le corresponde legalmente" pero sin optar por el victimismo ni por la confrontación en las relaciones Catalunya-España.
PSC, ERC e ICV-EUiA han considerado que la figura de la Vicepresidencia ha quedado relegada, ya que ha perdido funciones y además la parte catalana de las comisiones bilaterales Estado-Generalitat la preside Josep Antoni Duran, que no es miembro del Govern.
Laia Bonet (PSC) y Anna Simó (ERC) han coincidido en definir a Ortega como "decepcionante" por no dar concreciones sobre cómo desarrollará el Estatut y cómo se concretarán leyes como la de Consultas, Organización Territorial y Electoral, mientras que Jaume Bosch (ICV-EUiA) ha cargado contra ella por haber ordenado el cierre de la sede del Memorial Democràtic.