Una entidad de Girona detecta más de 50 casos de jóvenes catalanas
BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat prevé aprobar este año un "protocolo nacional" para la erradicación de los matrimonios forzados, que cubrirá la prevención, detección e intervención y que prevé aprobar este año, fruto de esfuerzos anteriores y de un grupo de trabajo actual, ha explicado a Europa Press el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós.
La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Dolors Bassa, ha cerrado este martes una jornada que ha abordado estas situaciones, con la participación de entidades sociales, y que Bassa ha destacado que no está vinculado a un origen o religión concretos y que es clave detectarlo a tiempo.
"Aunque son pocos los casos, es difícil su detección", por lo que ha subrayado la importancia de prevenir y ver los casos antes de que se den, ha dicho acompañada de la presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, que ha señalado que se trata de una forma de violencia machista.
La asociación Valentes i acompanyades, de Girona, ha detectado entre 50 y 60 casos de jóvenes catalanas, pero se desconoce cuántos casos más podrían quedar escondidos y sin que se les pueda ayudar, ha observado Amorós, que ha señalado que hasta la fecha se ha trabajado con personas de origen subsahariano y se abordarán otros como Marruecos, Pakistán e India.
Ha añadido que no es una práctica seguida por todas las personas de estos orígenes, pero en algunos sectores existen prácticas tradicionales como el matrimonio concertado que pueden derivar en forzados.
"FENÓMENO ICEBERG"
El responsable de Igualdad ha considerado que ante este fenómeno "iceberg", la mejor prevención es el éxito escolar, y ha dicho que cuenta con el precedente de la lucha contra la mutilación genital femenina (MGF), en la que ha dicho que Catalunya ha sido pionera y que en 2016 se activó 160 veces, evitando que se produjera, y hasta 500 en los últimos cinco años.
Un grupo de trabajo formado por representantes de la Generalitat, entidades y municipios redacta este protocolo, dentro de la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia Machista, y que permitirá una visión en "360 grados" con ámbitos como la salud, educación, juventud, migraciones, policía y comunidad.
