BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar (ICV-EUiA), anunció hoy que el Govern ha empezado los trámites para retirar en el plazo de un mes la Creu de Sant Jordi al ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, imputado por desvío de fondos de la institución cultural, que él mismo confesó.
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Baltasar indicó que, para que esta retirada sea posible, el Govern aprobó modificar el decreto que regula la concesión de las Creus de Sant Jordi, en el que no se contemplaba la revocación de este reconocimiento, como ocurre con otras altas distinciones de la administración catalana, como la Medalla de Oro de la Generalitat.
La modificación aprobada hoy contempla la posibilidad de que esta distinción pueda ser retirada cuando se produzcan hechos "que pongan de manifiesto una conducta poco honorable, que comporte la indignidad o el demérito de la persona o entidad galardonada", informó la Generalitat en un comunicado.
Baltasar aseguró que la revocación será "rápida" y que el decreto tendrá efectos inmediatos, por lo que se mostró confiado que entre "dos, tres o cuatro semanas" la devolución de la Creu de Sant Jordi por parte de Millet sea una realidad.
La revocación se hará por decreto de gobierno, previa audiencia de la persona interesada.
"NO NOS SATISFACE" LA DECISIÓN JUDICIAL
Baltasar también confirmó que la Generalitat presentará un recurso contra la decisión del juez que lleva el caso Millet de dictar libertad provisional para él y su número dos y ex director administrativo del Palau, Jordi Montull. "Claramente no nos satisface --al Govern-- la decisión que toma el magistrado", agregó el conseller
Dado que el juez ya impidió a las administraciones personarse en la causa contra Millet, la Generalitat recurrirá la decisión judicial a través del abogado que representa el consorcio del Palau, donde participan el Estado, el Govern, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de la capital catalana.
Este recurso se sumará al que ya tiene interpuesto la Generalitat, después de la negativa del magistrado que lleva el caso a posibilitar que el Govern y otras administraciones puedan personarse como acusación en la causa contra Millet y Montull.
Según el juez, estas administraciones no están directamente perjudicadas por el desvío de fondos.