BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha rectificado y no aplicará finalmente a los conciertos que tiene con las entidades privadas que prestan servicios sociosanitarios el recorte salarial impuesto a los funcionarios, una medida que el Ejecutivo catalán había hecho pública a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el pasado 26 de febrero y que había despertado el rechazo del sector.
Así lo ha comunicado la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, a las patronales del sector a través de una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que subraya que el recorte del equivalente a una paga extra de los funcionarios solo se aplicará a las entidades públicas que tienen conciertos con el Institut Català d'Asistència i Serveis Socials (Icass), y no a las privadas.
"No afectará a los proveedores privados de los servicios sociales vinculados por un contrato de gestión de servicios públicos con los diversos gastos de modalidad", señala Munté en la misiva, en la que recuerda que el recorte de entre un 5% y un 7% en la anualidad de la partida forma parte de las medidas excepcionales adoptadas por la Generalitat con el objetivo de reducir el gasto de personal.
El Govern viene repercutiendo la rebaja salarial a los funcionarios a los conciertos sociales con las entidades públicas desde 2010, pero este año, como novedad, la reducción también afectaba a las privadas, que prestan atención a catalanes con dependencia y discapacidad, entre otras actividades.
El texto publicado en el DOGC por el Govern el pasado febrero señalaba que el recorte a los funcionarios también se aplicaría a las entidades no incluidas en el sector público, una redacción de la que, según Munté, "parecía desprenderse" que el recorte también afectaba al sector privado.
Ahora la consellera se ha comprometido por escrito a que esta medida no se interprete en este sentido y que no repercuta a las entidades privadas, rectificando así el sentido inicial del texto, redactado por los técnicos de la Conselleria de Economía de la Generalitat en base a anteriores recortes de la paga extra de los funcionarios.
Desde la publicación del texto en el DOGC, la Conselleria que lidera Munté ha estado en contacto permanente con el sector para estudiar el impacto de la medida, pues el redactado inicial se centraba en todos los módulos de concierto y dejaba un amplio margen de interpretaciones.
SATISFACCIÓN EN EL SECTOR
El presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (Upimir), Vicente Botella, ha mostrado su satisfacción por la carta de Munté: "Que el Govern haya rectificado nos tranquiliza mucho, pues no tenía sentido que el recorte afectara al sector privado asistencial".
"Se trata de un logro conseguido entre todos contra una injusticia evidente", ha añadido Botella, que ha recordado que las patronales sociales iniciarán en breve la recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular (ILP) que blinde por ley los pagos a ancianos con gran dependencia.