El Govern propone suspender más de 2.500 expedientes tras el proceso de revisión de la RMI

BARCELONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proceso de revisión de los 31.000 beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI), iniciado por el Govern de la Generalitat el pasado mes de septiembre, ha culminado con la propuesta de suspensión de más de 2.500 expedientes, del que dependen unas 6.000 personas, por no cumplir con los requisitos establecidos para el cobro, según han avanzado a Europa Press diversas fuentes cercanas al proceso.

"Más de 2.500 personas dejarán de cobrar en los próximos meses o han dejado ya de cobrar el subsidio mínimo sin que nadie les haya justificado el porqué y el Govern sigue sin ofrecer datos oficiales", han explicado las mismas fuentes, que han recordado que el Ejecutivo adquirió el compromiso de ofrecer un balance a finales del mes de octubre y que este miércoles se cumplen tres meses del inicio del proceso de revisión.

La Conselleria de Empresa y Empleo, liderada por Francesc Xavier Mena, inició el pasado mes de septiembre la "revisión completa" de 20.000 expedientes de la RMI --los 11.000 restantes pertenecen a casos tutelados o de extrema exclusión social-- y, mediante una entrevista elaborada por personal de una empresa subcontratada externa a los servicios sociales de la Generalitat, comprobó datos básicos referentes a ingresos, salidas del país y situación laboral, entre otros.

Entre el 10% y el 15% de los casos revisados han sido objeto de suspensión, y se han sumado a los 2.356 que no han sido localizados por la Generalitat tras el cambio en la modalidad de pago mediante cheque bancario, según las mismas fuentes.

Así, la cifra de los 31.000 beneficiarios de la RMI computados en julio, antes de los cambios impulsados por el Govern y la aprobación del decreto, se habría reducido hasta los 25.500, lo que supone un ahorro de más de dos millones de euros mensuales --casi 28 millones de euros anuales--, teniendo en cuenta que cada perceptor recibe de media 420 euros cada mes.

Fuentes de Empresa y Empleo han insistido en que "el proceso sigue abierto" y han recordado que no se ofrecerán datos hasta que no finalicen las tres fases de la reforma: el control presencial mediante el envío de cheques, la revisión de cada expediente y la activación de medidas de inserción.

Aún así, han avanzado que si ha habido alguna propuesta de suspensión, se trata de casos "de fraude evidente" y será la comisión interdepartamental la encargada de ejecutarla.

SIN REFERENTES POLÍTICOS

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, Àngels Guiteras, ha lamentado que "no haya un referente político claro" con quien poder esclarecer la situación de la RMI, y ha recordado que hace tres meses que la entidad reclama una reunión trilateral --junto a las consellerias de Empresa y Ocupación, y de Bienestar Social y Familia-- y no lo ha conseguido.

"Seguimos lamentando la falta de diálogo y los pocos datos que ha ofrecido el Govern", ha explicado, asegurando que el Ejecutivo ha creado una alarma social innecesaria entre un sector extremadamente vulnerable.

Guiteras ha apelado de nuevo al Govern a establecer diálogo con las entidades sociales "para encontrar una solución que permita que tanto las personas con riesgo de exclusión social como los parados puedan ser atendidos".

"Estamos preocupados porque el asunto sigue encallado y tememos que el decreto substituya una necesaria reforma del sistema de la RMI", ha añadido.

RETRASOS EN LOS COBROS

La responsable de Programas sociales y Servicios de Cáritas, Mercè Darnell, ha explicado a Europa Press que antes de la reforma, todos los que cumplían los requisitos cobraban la RMI antes de dos meses, pero ahora "hay mucho retraso y hay personas que esperan desde abril porqué no se dan nuevas altas hasta que no hay bajas".

"Son las entidades sociales las que deben suplir este problema derivado del nuevo techo de gasto presupuestario", ha recordado Darnell, que ha lamentado que con el nuevo decreto del Govern los parados que no acrediten dificultades sociales añadidas hayan quedado excluidos del cobro.

Por ello, ha asegurado que la prevención ha quedado en un segundo término y la RMI solo se podrá cobrar cuando "la situación ya sea extremadamente grave".

Darnell ha destacado la figura de los asistentes sociales "que cada vez deben demostrar más en sus informes que los casos son de pobreza severa", y ha ensalzado su labor en la lucha contra la vulnerabilidad social.

NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Por su parte, el Síndic de Greuges ha iniciado una nueva actuación de oficio ante la oleada de denuncias de beneficiarios que han dejado de cobrar la RMI tras realizar la entrevista, según han avanzado a Europa Press fuentes del organismo.

"Será un proceso muy complejo y se comprobará el procedimiento que ha seguido la conselleria para revisar cada caso tras las múltiples quejas recibidas", han explicado las mismas fuentes, que han asegurado que la gestión de la RMI es uno de los temas que más denuncias ha llevado al Síndic en los últimos años.

Tras el cambio en el método de pago, sin previo aviso y en pleno mes de agosto, el defensor del pueblo catalán abrió una primera actuación de oficio que concluirá "previsiblemente antes de final de año", según han añadido.