BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha presentado este jueves un plan para implementar el voto electrónico para que puedan utilizarlo los catalanes que residen en el extranjero en las elecciones autonómicas y próximamente prevé tramitar una ley al Parlament para que este mecanismo de voto puede estar activo en "10 meses", el próximo junio.
"Tenemos un plan y la intención absoluta es sacarlo adelante para que en el mes de junio esté listo. Si hay voluntad política, en un máximo de 10 meses será una realidad", ha explicado en rueda de prensa la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs.
La fecha de 10 meses no es casual, sino que será entonces cuando se cumplirán los 18 meses de legislatura del Govern de Carles Puigdemont, y el presidente se ha fijado este plazo aproximado para dar por culminado su mandato y convocar unas "elecciones constituyentes".
Borràs ha explicado que el Govern ha impulsado este plan por los problemas "escandalosos" que tuvieron los catalanes que residen en el extranjero para votar en las elecciones del pasado 27 de septiembre, unas dificultades que considera imputables a la burocracia que impone el Estado para votar desde fuera.
El Govern identifica tres problemas para votar desde el extranjero: tener que solicitar el voto --esto se mantendrá aún con el voto electrónico--, que los residentes no recibían a tiempo la documentación para votar y que, en caso de hacerlo, su voto no llegaba a tiempo: "Un triple problema", resume.
En los comicios del 27S, sobre un censo de 196.065 electores catalanes en el extranjero, 21.771 pidieron ejercer su derecho a voto, un 11,1% del censo, y de estos solo 14.781 ejercieron finalmente su voto, un 7,54% del total.
¿POSIBLE IMPUGNACIÓN?
Catalunya no tiene ley electoral propia por la incapacidad histórica que han demostrado todos los partidos para lograr un acuerdo, por lo que hará el Govern es impulsar una "ley parcial" que solo regule el voto electrónico, y asegura que no renuncia a que algún día pueda haber una ley global catalana.
El Govern impulsa un procedimiento que no está regulado por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), pero la consellera se ha mostrado convencida de que no habrá ningún problema de eventuales impugnaciones por parte del Estado a la ley catalana.
"Creemos que no pondrá palos en las ruedas. No se entendería a nivel internacional", ha explicado la consellera, que argumenta que el Estado no puede oponerse a que Catalunya regule un voto electrónico que ya funciona con normalidad en muchos otros países.
COSTE Y PROCEDIMIENTO
El Govern calcula que puede ejecutar este voto electrónico a través de dos modalidades: de un contrato puntual con un proveedor que le costaría unos 300.000 euros por convocatoria electoral --un solo uso--, o crear una plataforma estable que le costaría entre 1,8 y 2,3 millones de euros, pero que ya le valdría para más de una convocatoria --se prevé que pueda utilizarse para consultas de carácter local--.
Si se logra implementar, un catalán que vote desde el extranjero deberá registrarse en un portal específico mediante un certificado digital o con otros datos como el código de tramitación telemática y el DNI, y una vez validada su identidad, recibirá las credenciales para votar a través de correo electrónico, postal o el móvil.
La votación se podrá realizar a través de un ordenador, una tableta o con el teléfono móvil durante el mismo período de tiempo que dura el voto por correo desde el extranjero --que seguirá vigente--, y el voto quedará custodiado en una "urna electrónica" hasta el día del escrutinio, que se descifrará con unas claves criptográficas.
Para asegurar el éxito de este plan, el Govern prevé hacer pruebas piloto con "consultas populares no refrendarias de carácter sectorial", amparada en la polémica ley del Parlament de 2014, y también prevé un plan de comunicación para que los catalanes en el extranjero conozcan que tienen a su alcance este mecanismo de votación.