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El Síndic de Greuges pide facturas "más comprensibles" para el consumidor
BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprobado hasta el momento que 1.450 familias con necesidades especiales no vean aumentado el recibo del agua, fruto de la entrada en vigor de la tarifa social instaurada tras la primera subida del canon en octubre del año pasado.
Fuentes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) han explicado a Europa Press que, a pesar de que hasta el momento se hayan aprobado 1.450 exenciones, no es posible conocer el número total de las peticiones en curso, ya que hay usuarios que han hecho el trámite a través de las entidades suministradoras y la información no se actualiza de forma automática.
La Generalitat presentó en septiembre la puesta en marcha de una tarifa social para jubilados con pensiones mínimas y unidades familiares con todos sus miembros en paro, en una rueda de prensa que contó con la asistencia del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, y el director de la ACA, Leonard Carcolé, y en la que ambos aseguraron que la tarifa social llegaría a beneficiar a 400.000 catalanes.
Sin embargo, medio año después de la entrada en vigor de la tarifa social, las exenciones aprobadas se limitan a un número muy inferior al previsto, y adicionalmente se ha acordado un segundo aumento del canon del agua que entrará en vigor a partir del próximo mes de abril.
La ACA ha explicado que el proceso requiere que las personas en paro que soliciten la tarifa social acrediten su situación mediante una declaración responsable, si bien han reconocido que al tratarse de un procedimiento nuevo todavía se está desarrollando el protocolo que incluirá la puesta en marcha de mecanismos de verificación y control de las exenciones.
La empresa pública catalana, que acumula una deuda superior a los 1.200 millones de euros, ha creado dos nuevas tasas para las empresas suministradoras por el agua que captan en el medio ambiente y la que pierden en el transporte, como medida adicional a las dos subidas del canon, que penalizarán más a aquellos que más agua consuman.
"DISCRIMINACIÓN POSITIVA"
El Síndic de Greuges de Catalunya, en su informe de 2011, señala que la aplicación de un canon social es necesaria para ejercer una discriminación positiva sobre determinados colectivos por el carácter del agua como "bien básico para la vida cotidiana".
El informe evidencia, no obstante, que las facturas del agua son diferentes en función de cada municipio, y en ocasiones suman conceptos como la tasa de basuras o el tratamiento de residuos, lo que "no ayuda al ciudadano a comprender de manera clara cuál es el precio del agua".
Por ello, considera que las facturas deberían ser "más comprensibles" para facilitar al ciudadano planificar mejor su consumo y detectar cualquier posible error.
