Josep Font pide 530 millones por su 50% del holding y Joan Font asegura que irían a concurso
BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Mercantil 8 de Barcelona ha celebrado este miércoles un juicio a raíz del enfrentamiento entre los hermanos Joan y Josep Font, presidente y vicepresidente del Grupo Bon Preu, del que ambos son propietarios al 50%, por el actual procedimiento de separación del grupo, tras no llegar a un acuerdo sobre el valor de la compañía y cómo debe hacerse dicha separación.
En la sesión del juicio, el demandante, Josep Font, le ha reclamado a su hermano que le pague 530 millones de euros, o de manera subsidiaria, en base a otro cálculo, 497 millones, por sus acciones, mientras que Joan Font considera que no se ha llegado a un acuerdo sobre qué vale el grupo y que por lo tanto se debe dividir a la compañía en lotes de activos y repartirlos.
En concreto, el abogado de Josep Font ha constatado que, tal y como prevén los estatutos, su cliente ha ejercido su derecho a la separación como propietario del 50% de las acciones del grupo y que, de hecho, están separados de forma efectiva desde el 31 de julio de 2017, y que por ello puede exigir un pago a cambio de sus participaciones: "Estamos ejerciendo un derecho de separación que no tiene marcha atrás".
La controversia nace de la valoración que han hecho hasta cuatro auditores de la compañía en dos rondas --un experto por parte en cada ronda--, que arrojan resultados con diferencias de más del 25%: en la última ronda Grant Thornton estableció que Bon Preu valía 1.100 millones de euros y KPMG unos 600 millones.
Estas cifras suponen que lo que debería obtener Josep Font por su parte de Bon Preu oscile entre los 530 millones que exige él, o en torno a 300 millones, por lo que según el laudo arbitral, ante estas amplias diferencias, los informes se consideraban irregulares y no tenían validez, ha defendido el abogado del presidente del grupo.
Sin embargo, Josep Font, que es quien interpuso la demanda en los juzgados, solicita a la magistrada que dicte sentencia estimando sus pretensiones y que fije la cifra que debe cobrar por su participación en la sociedad, mientras que el abogado de Joan Font asegura que si deben pagar estos 500 millones la compañía "iría a concurso".
Además, el abogado acusa a Josep Font de "torpedear y poner palos en las ruedas a una situación que se tiene que dar porque las partes hace años que no se entienden".
Según el letrado, ante la imposibilidad de establecer una cifra sobre el coste de la compañía, hay que pasar a una fase posterior: la escisión y la división de los activos de la compañía en lotes, y de hecho ya han hecho una propuesta a la parte contraria, que ésta no ha aceptado.
Fuentes conocedoras han indicado que la propuesta de Joan Font se basa en dividir a la compañía en tres, dejando este tercer lote al 50% para ambos, y que englobaría la dirección y los servicios centrales del grupo.
JOAN FONT NO DECLARA
En el juicio la parte demandante ha renunciado a que declarara Joan Font, pese a que lo habían solicitado y tenían el cuestionario preparado, al aceptarse en la vista una documentación a la que querían hacer referencia en su interrogatorio.
Así, solamente ha declarado en el juicio el catedrático Manuel García Ayuso, a petición de Josep Font, como experto al haber analizado los cuatro valoraciones que se hicieron de la compañía (Faura-Casas, Mazars, Grant Thornton y KPMG), asegurando que las importantes diferencias en sus resultados se deben a las diferentes metodologías utilizadas y en algunos casos a errores o "sesgos".
Según su criterio, el informe más correcto metodológicamente es el de Grant Thornton, que hace una valoración más elevada y por lo tanto avala la petición económica de Josep Font, aunque ha precisado que no puede dar una cifra propia de valoración porque no ha hecho un análisis, sino que solo ha estudiado las otras propuestas.
