La redacción del proyecto de ley finaliza con dos "graves desacuerdos"
BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ha acusado al Govern de "incumplir" en dos aspectos los acuerdos a los que se llegó en la ponencia que tramita esta ley en el Parlament y en el acuerdo que firmaron para su creación, el 15 de mayo.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la comisión, Diosdado Toledano, ha explicado que la redacción del proyecto de ley en la que han trabajado impulsores junto a representantes de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, ha finalizado con "dos graves desacuerdos".
En un comunicado este jueves, la comisión, ha acusado a los representantes del Govern de no respetar el acuerdo adoptado "por unanimidad de los grupos parlamentarios" en la ponencia que tramita el proyecto de ley, incluyendo el grupo de JxSí, han dicho.
Ha asegurado que la representación del Govern pretende alargar a ocho meses el plazo máximo para que la Administración otorgue o deniegue la prestación, que en el Parlament se acordó de cuatro meses.
También ha criticado que quieran cambiar el carácter del silencio administrativo, pasándolo de positivo a negativo, y retrasar el plazo de los efectos económicos de la RGC al mes siguiente de presentar la solicitud, en lugar de ser del mismo mes, como acordó la ponencia.
Ha considerado que este cambio "supone un grave perjuicio" para personas vulnerables que, tras seis meses de carencia o ingresos inferiores al indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC) --plazo necesario para recibir la RGC--, tendrán que esperar hasta ocho meses a que se dicte resolución, y ha asegurado que el silencio administrativo negativo subordina el derecho de las personas a la gestión administrativa.
El segundo desacuerdo lo han encontrado en una disposición adicional que establece el derecho a cobrar una prestación complementaria para los beneficiarios de una pensión no contributiva por invalidez o jubilación de la Seguridad Social y de otras ayudas, prestaciones y pensiones --como por ejemplo la Renta Activa de Inserción (RAI)--, cuando sus ingresos sean inferiores al umbral de ingresos para acceder a la RGC.
"La representación del gobierno plantea descontar a dichos complementos la cantidad de 150 euros mensuales, incumpliendo el acuerdo firmado el pasado 15 de mayo", han afeado los impulsores.
Toledano ha afirmado que este descuento supone una "discriminación" sobre las personas de otros colectivos, contraria al artículo 23 del Estatuto del que surge la renta, y que los afectados serán los más vulnerables, ya que los susceptibles de cobrar la RGC como complemento a pensiones no contributivas de jubilación o invalidez son personas solas o en hogares sin ingresos.
También ha dicho que la media de las pensiones no contributivas --que cobran alrededor de 32.000 personas en Catalunya-- se sitúa alrededor de los 420 euros, por lo que el complemento se quedará en cero al restar 150 de los 665 del IRSC --que se aplicarán en 2020 cuando se llegue al 100% de la prestación, empezando con 564 este septiembre--.
Ha añadido que el acuerdo establecía la posibilidad de restar estos 150 euros a colectivos en edad y capacidades laborales, en caso de que no accedieran a seguir un plan de inserción sociolaboral, pero que no tiene "ningún sentido" descontarlo en personas con pensiones no contributivas que no están en edad laboral o no pueden trabajar.
En el comunicado, la Comisión Promotora ha llamado a los grupos parlamentarios que participan en la ponencia a que hagan respetar el acuerdo que adoptaron por unanimidad que se cumplan los términos del acuerdo firmado el 15 de mayo y los principios establecidos en el Estatut.
