BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado número 2 de Mataró (Barcelona) ha abierto una investigación al colegio Betlem de Premià de Dalt por el modo de selección de los alumnos de parvulario, según confirmó a Europa Press la Conselleria de Educación. El centro supuestamente contrataba a los padres de sus futuros estudiantes para darles así ventajas en el concurso de acceso al centro.
Este departamento introdujo en marzo de 2007 una modificación en la forma de matriculación con la que daba prioridad de acceso a los centros a aquellos niños cuyos padres trabajaran en ellos. Así, en las clasificaciones, los empleados tienen 40 puntos de ventaja sobre el resto de candidatos, según avanzó hoy 'El Periódico'.
En la escuela Betlem se realizaron once contratos laborales entre febrero y marzo de 2007, siendo siete ellos de padres de alumnos que querían que sus hijos entraran en las 24 plazas de P-3 en el centro (primer curso concertado).
Los padres contratados tenían matriculados ya a sus hijos en el parvulario de dos años del centro, pero esta condición no da ventajas para acceder al de tres años (que anualmente cuesta 7.000 euros). Así, la juez investiga si fueron contratados para obtener los 40 puntos del concurso de acceso.
HABÍAN TRABAJADO MENOS DE TRECE DÍAS EN SIETE MESES.
Las investigaciones, iniciadas por la juez María Encina Fernández Castro, también han permitido conocer la dedicación de los padres contratados, que osciló entre los seis y trece días desde el mes de marzo hasta septiembre.
En este sentido, cabe destacar que ninguno de los once contratos realizados en el centro, de 300 alumnos, responde a tareas docentes. Los trabajadores cotizan como celadores (2), responsables de mantenimiento informático (2), instructores de enseñanza no reglada (3), titulados no docentes (2), administrativos (1) y telefonista (1).
Por su parte, la subdirectora del centro, Pilar Martínez, explicó a Europa Press que "en todo momento" se ha actuado "correctamente" y que, de lo contrario, la Conselleria de Educación "habría emprendido acciones". "Sabemos que nuestra actuación ha sido siempre correcta", recalcó.
Martínez añadió que se trata de una "historia inventada" por una familia que no logró que su hijo entrase en el colegio, ya que el supuesto fraude de ley de la escuela provocó que ocho niños que tenían 30 puntos (por vivir en el municipio) se quedaran sin plaza.
Asimismo, la Conselleria de Educación se negó a comentar el tema por estar abierto un proceso judicial, pero la inspectora adscrita al centro señaló que no observó "ninguna irregularidad".
