Jové (ERC) reivindica la "legitimidad democrática" del 1-O ante el TSJC

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicado la "legitimidad democrática" del 1-O ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que lo investiga por presuntamente participar en sus preparativos.

En un escrito de defensa presentado ante el TSJC, y consultado por Europa Press, ha asegurado que el proceso contra él se enmarca en una "causa general contra el independentismo" por haber organizado el 1-O.

En 2017, Jové era secretario general del departamento de vicepresidencia y Economía y Hacienda, que encabezaba el dirigente de ERC Oriol Junqueras; la Fiscalía pide para él siete años de cárcel y 32 de inhabilitación por supuesta malversación, desobediencia y prevaricación por su implicación en el 1-O.

En el recurso, los abogados del líder republicano sostienen que la imputación y la acusación contra él son "desproporcionadas" y defienden que actuó siguiendo los compromisos políticos por los que fue designado para el cargo.

"La certidumbre de estar obedeciendo un mandato democrático, bajo un contexto legal en el que la organización de un referéndum no constituía delito, sin ninguna otra orientación que la de cumplir con las obligaciones de su cargo decididas por estrategias políticas públicas, vuelven la acusación formulada una respuesta de tipo represivo", afirman.

Además, mantienen que ni se "apropió en ningún caso de patrimonio público ni lo destinó a usos distintos de los públicos, ni mucho menos inspirado con ánimo de lucro personal", con lo que descartan que pueda ser condenado por ningún tipo de malversación.

Tampoco llevó a cabo --afirman-- "actos de oposición frontal a mandatos concretos de la autoridad judicial", ni que causaran un perjuicio económicamente evaluable para la ciudadanía.

Los abogados también impugnan la "falta de imparcialidad" del tribunal, con jueces que ya han juzgado otras causas relacionadas --los magistrados Jesús María Barrientos y Carlos Ramos--, y piden que se expulse a Vox del juicio como acusación popular.

EL MÓVIL INCAUTADO EN 2017

Por otro lado, la defensa de Jové ha pedido acceder al móvil que la Guardia Civil le requisó el 20 de septiembre de 2017, cuando fue detenido en la Conselleria de Economía, para hacerle una pericial.

El objetivo es comprobar si con ocasión de la incautación pudieron introducirse en el teléfono "elementos de prueba falsa" para incriminarle con el programa de espionaje Pegasus --según reveló 'The Citizen Lab', Jové fue espiado en 2020 con este programa--.

De cara al juicio, y entre otras pruebas, los abogados del republicano piden que el TSJC requiera al CNI para que informe si ha espiado Jové y a través de qué dispositivo, y que señalen a un funcionario que pueda informar del porqué.

También piden identificar a la persona detrás de cuentas de Twitter supuestamente vinculadas, según los abogados, a un investigador de la policía judicial, para determinar si se produjo una "transgresión de la neutralidad" que debería haber mantenido con tuits contra el 1-O.

En la misma causa ante el TSJC están investigados el exdiputado de ERC en el Parlament y presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Natlia Garriga.