BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Vitoria ha avalado la cesión de un local municipal de la ciudad para un acto sobre el referéndum del 1-O al que asistió la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel en septiembre de 2017, y que fue suspendido cautelarmente, según la sentencia recogida por Europa Press.
El Juzgado Contencioso Administrativo 3 de Vitoria suspendió una autorización de cesión de local municipal para el acto después de que la Delegación de Gobierno en el País Vasco lo solicitase, al considerar que el referéndum era "ilegal".
Pese a la decisión judicial, Gabriel inició su intervención hasta que los organizadores del acto dieron por concluida la charla, después de que la policía municipal se personara en el lugar para comunicar la orden de suspensión.
En la sentencia del pasado 11 de septiembre, el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Vitoria rechaza la petición de la Delegación del Gobierno y señala que el evento no puede calificarse jurídicamente de acto electoral y que la conferencia de Gabriel no constituía "actividad ilícita alguna, sino que es, además, ejercicio de los derechos fundamentales tanto de la conferenciante cuanto de los ciudadanos que libremente deciden asistir".
Añade que si el Ayuntamiento hubiera denegado el uso del local a la Asociación Cultural Gasteiz 2011 --promotora del acto-- se habría infringido "el principio de neutralidad y objetividad" e insiste en que el pluralismo político es uno de los principios fundacionales del estado social y democrático de derecho.
"La administración local infringiría los principios invocados precisamente al negar el uso de un local público atendiendo y por razón del contenido ideológico, político, religioso, deportivo, de la actividad que se iba a desarrollar", remarca el juez.
VALORACIÓN POSITIVA DE LA CUP
En un comunicado este viernes, la CUP ha valorado positivamente la sentencia porque "supone precisamente reconocer que en un sistema que se pretenda democrático tiene que prevalecer siempre el ejercicio de los derechos y libertades más fundamentales".
Ha añadido que la decisión judicial implica también "reconocer el ambiente de vulneración masiva de derechos" que, según el partido, vivieron los catalanes en las semanas previas al 1 de octubre de 2017.
