MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) trabajan desde hace semanas en equipo para ultimar las ponencias que tienen que ser llevadas al pleno en relación con los recursos del Gobierno central por el 9N.
Los cuatro recursos pendientes son contra dos leyes de Consultas catalanas, la convocatoria inicial del 9N y la del denominado "proceso participativo" que finalmente se celebró a iniciativa del Govern y del presidente de la Generalitat, de Artur Mas.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes del tribunal de garantías que indican que los magistrados, dos de tendencia progresista --Luis Ortega y Juan Antonio Xiol-- y otros dos conservadores --Pedro González-Trevijano y Ricardo Enríquez--, están manteniendo reuniones y ultimando el contenido de las ponencias que podrían debatirse en el pleno que se celebrará los días 17, 18 y 19 de este mes.
La vigencia de dos de las normativas recurridas, la Ley de Consultas aprobada en septiembre pasado y el decreto de convocatoria inicial de los actos del 9N fue suspendida el pasado 29 de septiembre por cinco meses.
Por ello, el Tribunal debe decidir estos días si quiere zanjar ya definitivamente el asunto llevándolo al último pleno ordinario del mes o bien a una sesión extraordinaria antes de que llegue marzo. Si finalmente no se llega a una resolución sobre el fondo deberá, en todo caso, discutir sobre una prórroga de la suspensión que pesa sobre ambos textos.
CUATRO RECURSOS PENDIENTES
El Gobierno central presentó estos recursos ante el TC argumentando que una comunidad autónoma no tiene competencia para organizar un referéndum y, además, en el caso de la convocatoria del 9N, que "su contenido atenta contra la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español" y contra la "indisoluble unidad de la Nación española".
Ortega es el ponente del recurso más antiguo, el presentado en su día por el Gobierno contra ley catalana de consultas populares de 2010, que es la que permite solicitar al Ejecutivo central la convocatoria de referéndums sobre "cuestiones de especial trascendencia política".
El TC suspendió inicialmente la vigencia de esta Ley de forma automática en cumplimiento de la Constitución (artículo 161.2), que así lo establece cuando es el Gobierno el que presenta los recursos de inconstitucionalidad y lo solicita de forma expresa. No obstante, la suspensión se levantó en junio de 2011 y desde entonces el asunto está sin resolver.
El segundo recurso pendiente es el presentado por el Ejecutivo central contra la última Ley de Consultas, aprobada por el Parlament en septiembre de 2014 y que sirvió de fundamento a la convocatoria inicial de consulta diseñada para el 9 de noviembre. El ponente de este recurso es González-Trevijano, mientras que Xiol fue el designado para el que se presentó contra la convocatoria inicial de la consulta soberanista. En el equipo se ha integrado Enríquez por ser experto en contencioso-administrativo.
El último recurso que debe resolverse en relación con el 9N es el presentado contra el denominado proceso participativo del 9N junto con sus actos de preparación, algo que ha costado a Mas una querella por desobediencia que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
La providencia de admisión de este último recurso no incluía advertencia expresa al Govern sobre la obligación del cumplimiento de dicha suspensión vía el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a pesar de haberlo solicitado la Abogacía del Estado en el texto de la impugnación. Este artículo establece que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva".