Archivo - La inauguración del Barnahus Tarragona, a 29 de marzo de 2023, en Tarragona, Catalunya (España). - Fabián A. Pons - Europa Press - Archivo
BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha afirmado este viernes que el modelo Barnahus atendió 3.735 casos en 2025, primer año de despliegue completo en Catalunya, lo que supone un aumento del 28,9% respecto al año anterior.
Lo ha dicho en su intervención en el primer Congreso Internacional Barnahus en España, organizado por Save the Children que, bajo el título 'Cuando la justicia está a la altura de la infancia', ha reunido en Barcelona "algunas de las voces más influyentes a nivel internacional" en relación a la protección a la infancia, informan la organización y la Conselleria en sendos comunicados de este viernes.
Martínez Bravo ha destacado que el incremento de los casos "no indica un aumento de la violencia, sino una mejor detección, una mayor confianza en el sistema y menos silencio".
Ha explicado que los próximos pasos del Govern de la Generalitat sobre el modelo Barnahus se centrarán en reforzar y formar los equipos y en evaluar su despliegue en Catalunya, y ha asegurado que cuando un niño habla, el sistema público debe estar preparado para responder "de forma coordinada, respetuosa y efectiva".
EL MODELO BARNAHUS
El modelo Barnahus, 'Casa de los niños y las niñas' en islandés, es un modelo de atención integral donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al menor.
Se trata de una casa, lejos de comisarías y hospitales, que cuenta con un entorno "amigable" para los niños, con decoración adaptada a su edad y profesionales especializados en victimología infantil, poniendo al niño en el centro y evitando que tenga que desplazarse a los diferentes servicios repitiendo constantemente su historia.
En lugar de ir a comisaría, el niño acude a la Barnahus donde se le hace directamente una entrevista forense grabada, y todos los actores involucrados la ven por circuito cerrado; eso permite recoger el testimonio lo antes posible, facilita la recuperación del menor y evita que tenga que ir al juicio oral.
BALANCE DE 2025
De los menores atendidos en 2025 en los 14 Barnahus de Catalunya, el 77,1% fueron chicas; el 22,8%, chicos, y el 0,2%, identidades no binarias.
En relación al ámbito de los hechos, el 43,3% de casos se produjo en el ámbito extrafamiliar, mientras el 56,7% fue dentro de la familia, y en el 6,3% restante no consta; en el momento de los hechos, la mayor parte de víctimas (34,79%) se situaban en la franja de 12 a 15 años de edad, seguida de la de 5 a 8 años (27,73%).
Las principales vías de entrada a las Barnahus fueron Salud (953 casos), Educación (804 casos) y la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (Dggpia, 675 casos), seguidas de los cuerpos de seguridad (381 casos).
"UN RETO GLOBAL"
El director de la Agencia de Protección Infantil de Islandia entre 1995 y 2019 e impulsor de la primera Barnahus del mundo, Bragi Gudbransson, ha asegurado que el abuso sexual infantil y las adversidades que enfrentan las víctimas en el proceso judicial son "un reto global".
Ha destacado las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño para España, que incluyen promover enfoques "multisectoriales y amigables" en la respuesta institucional al abuso infantil, extender la obligatoriedad de la prueba preconstituida a todos los menores víctimas de delitos y fortalecer el marco legal para implementar el modelo Barnahus en todo el Estado.
La asesora internacional del modelo Barnahus y cofundadora de la primera 'child house' del Reino Unido, Emma Harewood, ha afirmado que hay una "creencia equivocada" según la que las personas que han sufrido abusos no deberían acceder a atención psicológica hasta que acabe el proceso judicial.
En su ponencia ha expuesto su metodología de atención psicológica prejudicial que "no contamina el relato de la víctima" y, por tanto, mantiene la validez de la vivencia del niño o niña, que, a menudo, es la única prueba en los procesos judiciales por violencia sexual contra la infancia.