La juez dice que "la falta de medios para subsistir" no justifica un hecho delictivo
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado 5 de Vilafranca del Penedès ha condenado a 90 euros de multa y a una indemnización de 241,40 euros por una falta de hurto a la activista y madre divorciada que este lunes robó un carro cargado de comida en un supermercado de la localidad arropada por miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
"Los hechos no son una falta de hurto. La sentencia no lo razona y no da ninguna explicación. La recurriremos porque no ha habido ninguna infracción penal", ha asegurado a Europa Press su abogado, Jose Ángel Gallegos.
Según ha explicado, los miembros de la PAH decidieron este miércoles que ayudarían a Marian F.G., de 28 años sin trabajo ni subsidio y con tres hijos, a pagar la multa de 90 euros impuesta y la indemnización de 241,40, que es el valor de los productos sustraídos en el supermercado, y que son las mismas cantidades que había pedido el fiscal.
Durante el juicio rápido que se celebró este miércoles en Vilafranca, la activista alegó que robó el carro "para subsistir", que no abonó la factura porque no podía pagarla, pero que se ofreció para compensarlo con su trabajo pero no quisieron escucharla.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez considera que la mujer pretendió excusar su conducta con el citado argumento, el cual "en ningún caso se puede utilizar ni admitir como mecanismo para intentar justificar un hecho delictivo como el cometido por la denunciada", puesto que existen otras vías para obtener ayudas.
Incluso ha citado el contexto económico en su escrito: "Esta juzgadora es plenamente consciente de la difícil y delicada situación económica que muchas familias están atravesando consecuencia de la actual y sobradamente conocida crisis económica".
Así, la juez ha dado la razón al Ministerio Fiscal, pese a que el abogado defensor pidió la libre absolución de la acusada durante el juicio y alegó que no hubo "ánimo de lucro" en su acción porque lo hizo por necesidad.
El lunes, sobre las 14.00 horas, acompañada por veinte activistas de la PAH del Alt Penedès, hizo una compra y, al llegar a la caja, entregó una tarjeta de crédito sin fondo, con lo que la dependienta le exigió que pagara, lo que desoyeron, y empezaron a poner la comida en bolsas "entre muchos gritos", explicó durante el juicio una cajera del establecimiento.
"Lo hice por necesidad propia, porque mi economía está muy mal. Estoy a punto de ser embargada por el banco y ya no tenía recursos. Y la PAH Alt Penedès y Garraf me dieron apoyo. Después los alimentos los repartimos entre cuatro familias: yo y tres más", explicó el miércoles a los medios antes de declarar ante el juez.
