BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Empresas suministradoras que podrían haber ejercido de testaferros de la empresa Coterras, implicada en la trama sospechosa de haber cometido fraude fiscal y malversación de fondos públicos en las obras de ampliación del Dique Este del Puerto de Barcelona, declararán a partir de la semana que viene en el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona.
Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, se trata de pequeñas sociedades que trabajaban con esta empresa suministrándole material pero que se presume que podrían ser simples tapaderas que servían para justificar una actividad que nunca existió y que, en algunos casos, habían sido creadas por los propios implicados en la trama.
Por el momento, la investigación del caso tiene en el punto de mira a más de una decena de constructores, que están imputados, y trata de dilucidar cuánto dinero se llegó a defraudar, para lo que la Guardia Civil ha estado elaborando un informe.
El fraude por el que se investiga a responsables de empresas suministradoras de escollera y a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada para construir el dique podría ser de 7,4 millones de euros, que corresponden a la compra de piedra a la empresa subcontratada Coterras.
Además, se sospecha que pudieron vender por 18 millones de euros varias toneladas de escollera de baja calidad al Puerto para hacer una explanada donde se aparcaban los camiones, un precio muy por encima del real, según sospechan los investigadores.
En el caso están imputados los responsables de Coterras, que fueron detenidos y pasaron 20 días en prisión, el director de obras del Dique Este del Puerto, administradores de la UTE y proveedores, entre otros.
Según se desprende de la denuncia de la Fiscalía, presentada en junio de 2010 y admitida a trámite el 20 de julio por el juzgado, sospechan que nunca existieron las 850.000 toneladas de piedra suministradas por Coterras a la UTE del total de 11,6 millones de toneladas que se necesitaron.
De hecho, fuentes judiciales han explicado a Europa Press que han investigado las canteras de donde al parecer tenía que proceder dicha piedra utilizada en la construcción del dique y que allí no hay ningún registro de que se suministrara las cantidades anotadas, y en muchos casos, no tenían la capacidad de alcanzar estos niveles de producción.
Asimismo, la investigación ha cotejado las matrículas de los vehículos que al parecer se dedicaban al transporte de dicha piedra, que en muchos casos eran solo camionetas o vehículos pequeños que no podían transportar piedra de estas dimensiones.
Por el momento, se considera que, al no existir este material que se facturó, al menos se produjo un delito de fraude fiscal ya que la UTE se pudo deducir el IVA de la compra de esta piedra, por valor de casi un millón de euros en dos años, y se basa para afirmarlo en un informe de la Agencia Tributaria, que ya empezó a investigar a Coterras en 2004, 2005 y 2006.
No obstante, el fiscal también presume que esta trama podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos ya que la UTE facturó a la Autoridad Portuaria hasta 11 millones de euros por esa piedra presuntamente inexistente.
Después de admitir la querella, la juez decretó el secreto del sumario y ordenó pinchazos telefónicos, registros en tres constructoras y en domicilios particulares, y tomó declaración a los principales implicados y a testigos.
Tras las primeras diligencias de la Guardia Civil, cuerpo policial que lleva la investigación, la juez ve indicios de que los 7 millones pagados por la UTE a Coterras carecían de base alguna al no responder a un suministro verdadero de escollera.
Las obras del Dique Este se remontan al 5 de septiembre de 2001, cuando la Autoridad Portuaria de Barcelona adjudicó a la UTE Dique Este, formada por FCC, Construcciones Rubau, Ferrovial-Agroman y Copisa, el proyecto de ampliación del dique.
Este proyecto se licitó por más de 165 millones de euros --83 financiados por fondos de cohesión europeos-- y dos años después se aprobó un proyecto modificado con un presupuesto ampliado de 197 millones de euros.
Además de la denuncia penal, la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) presentó en septiembre una demanda civil contra la UTE por un presunto fraude de 40,7 millones de euros en las obras de prolongación el dique Este del Puerto.
