El anterior bipartito exhibe sus diferencias para abordarla
BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La oposición en el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado este martes regular la prostitución, si bien con fórmulas dispares, de forma que los grupos que formaban el anterior gobierno municipal, PSC e ICV-EUiA, han vuelto a escenificar sus diferencias sobre esta práctica.
En un comunicado, el ex alcalde y líder del grupo municipal del PSC, Jordi Hereu, ha exigido a Trias que aborde el problema y que defina las prioridades de tratamiento del espacio público, un trabajo para el que ha ofrecido su apoyo: "Para encontrar una solución nos tendrá a su lado, pero no para insultar a la ciudad y a sus barrios".
Hereu, que desde la alcaldía apostó por prohibir la prostitución callejera, ha vuelto a reclamar una ley catalana del espacio público: "Debemos ir más allá de la ordenanza del civismo; debemos evitar que cada ayuntamiento regule individualmente aspectos de la cotidianidad que son cada vez más globales".
En ello han vuelto a diferir de su ex socio de gobierno, ICV-EUiA, cuyo portavoz, Joaquim Mestre, ha reclamado legalizar la prostitución, con lo que "la prostitución debe ser una actividad legal, y debe estar regulada legalmente, y con ello muchos problemas desaparecerán".
En declaraciones a los medios, Mestre ha considerado que la ordenanza del civismo se ha demostrado ineficaz ante la prostitución: "Demuestra que no se puede erradicar el fenómeno, y si existe tengamos el valor de regularlo como regulamos la mayoría de fenómenos que existen en la sociedad".
PP QUIERE MANO DURA
Por su parte, el presidente del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz, ha reclamado en un comunicado "contundencia y mano dura" contra la prostitución callejera, una práctica que ha considerado necesaria prohibir e incrementar la vigilancia para acabar con ella.
Tras afirmar que las políticas de civismo "no son de escaparate o cosmética, sino de cirugía y firmeza", ha recordado que el PP ya propuso incluir la prohibición de la prostitución en la ordenanza de civismo en el 2006, idea rechazada tras el pacto del entonces alcalde, Joan Clos, y Hereu (entonces concejal de seguridad) con el mismo Trias.
