Apelan a la "inviolabilidad parlamentaria" de Forcadell
BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha esgrimido en sus alegaciones al Tribunal Constitucional (TC) por la suspensión de la comisión del proceso constituyente que su alcance "no puede ir más allá de lo que resulta de su naturaleza analítica y propositiva" y que el pleno solo ratificó un informe y las conclusiones que se derivaron de sus trabajos.
En el escrito de los letrados de la cámara, de 36 páginas, se remarca que el pleno hizo un acto confirmatorio de los trabajos realizados por la comisión consecuencia de "una actividad parlamentaria especialmente amplia en cuanto a su posible contenido y alcance, como es la de poder estudiar y analizar cualquier asunto o cuestión que afecte a los ciudadanos a los que representa el Parlament".
Así, añaden la actividad de estudio y análisis "no puede ser considerada nunca contraria a una sentencia o una resolución judicial porque su propia naturaleza impide que pueda darse dicha confrontación en términos jurídicos-materiales".
También reivindican que la Constitución no prohíbe ni establece límites al debate político así como que ampara el derecho a promover y defender cualquier idea política, "incluso cuando esta no coincida o encaje con los postulados constitucionales vigentes".
Por ello, consideran que no puede negarse la capacidad del Parlament para estudiar y analizar "cualquier cuestión que considere de interés para la sociedad, incluido lo que puede ser un proceso constituyente de una futura Catalunya independiente".
Los letrados explicitan que lo suspendido por el TC sólo era un acto de inicio de un procedimiento "que no comporta ninguna declaración de voluntad de la cámara, declaración que sólo se produce en el acto final en el que culmina esa iniciativa".
AUTONOMÍA DEL PARLAMENT
"Sería de este último acto del que se podría predicar, en su caso, un incumplimiento de las resoluciones del TC, pero no de la simple admisión a trámite de una iniciativa", argumentan, destacando que el incidente de ejecución del Alto Tribunal supone aceptar que la autonomía del Parlament queda limitada.
Insisten en que la pauta para apreciar un eventual incumplimiento no puede sustentarse "únicamente sobre la base de la intencionalidad política", y sobre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, esgrimen que su actuación queda cubierta por su "inviolabilidad parlamentaria".
Además, consideran textualmente que la actuación de Forcadell fue adecuada y correcta, por lo que no se le puede trasladar ninguna responsabilidad cuando "ésta se limitó a cumplir con sus obligaciones reglamentarias y cuando la decisión sobre la realización del debate no la adoptó ella sino el propio pleno".
Para los letrados, la Mesa no puede actuar como órgano preventivo y defienden que existe una "estrecha relación" entre la libertad de expresión y el derecho de participación de los representantes políticos.
