La Parlament aprueba la ley que dota de autonomía jurídica a las personas con discapacidad

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de modificación del Código Civil de Catalunya sobre la capacidad jurídica de las personas, que busca dotar de autonomía jurídica a las personas con discapacidad, con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns, la CUP y Aliança Catalana y la abstención de Vox.

En la exposición del texto, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha asegurado que es un cambio de paradigma para que "nadie tome el derecho de las personas con discapacidad" en la toma de decisiones jurídicas, y ha añadido que es una modificación útil y que despliega el autogobierno catalán.

Por su parte, el conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, ha celebrado el consenso en lo que ve como un paso adelante para Catalunya en la inclusión de las personas con discapacidad: "Avanzamos hacia un modelo de apoyo y de protección de autonomía personal, y no de sustitución de la toma de sus decisiones. Es decir, debe prevalecer lo que quiere y desea la persona sobre su propia vida".

MEDIDAS DE APOYO

El texto adapta el derecho civil catalán al artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo pasar de la sustitución de la voluntad a un modelo de apoyo en la toma de decisiones, respetando siempre la autonomía, los deseos y las preferencias del individuo.

La reforma elimina la modificación judicial de la capacidad para los mayores de edad y deroga la tutela, curatela de adultos y potestad parental prorrogada, reservando las instituciones de protección exclusivamente para los menores.

Para los mayores de edad, la norma despliega un conjunto de apoyos adaptados: los soportes no formalizados (prestados en el entorno familiar o comunitario de forma cotidiana, superando el concepto tradicional de guarda de hecho), los soportes preventivos (que permiten a la persona planificar su futuro mediante poderes o mandatos notariales) y la asistencia por vía notarial o judicial, con modalidad.

Para prevenir abusos, influencias indebidas o conflictos de intereses, la ley fija un riguroso sistema de salvaguardias como la revisión periódica de las medidas, la confección de inventario, la rendición de cuentas y la supervisión; y regula la protección de los menores de edad que no están en potestad parental, la declaración de desamparo y su tutela.