El Parlament avanza en la creación del centro para prevenir que grandes empresas vulneren derechos

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha avanzado este miércoles en la tramitación de la proposición de ley para crear el Centre Catal d'Empresa i Drets Humans, al rechazar una enmienda a la totalidad que había presentado Vox contra este centro para prevenir la vulneración de derechos humanos por parte de grandes empresas internacionales.

La proposición de ley, presentada conjuntamente por el PSC-Units, ERC, Junts, la CUP y los comuns, seguirá tramitándose después de que se haya rechazado la enmienda a la totalidad de Vox, que han apoyado Vox, Cs y PP y han rechazado el resto de grupos de la Cámara.

La propuesta avisa de que actividades económicas de empresas internacionales pueden suponer "graves vulneraciones de derechos humanos", y plantea que este centro sea un organismo público independiente que vele por el cumplimiento de los derechos humanos por parte de empresas que tienen actividad o inversiones en Catalunya y desarrollan parte de su actividad en el extranjero.

Así, el centro se plantea como una entidad de estudio, evaluación, control e innovación normativa para garantizar una acción exterior catalana pública y privada que sea referente en el ámbito internacional en el respeto de los derechos humanos, el derecho internacional y normas en materia de medio ambiente, promoción de la paz y el desarrollo humano sostenible, según el texto.

Entre sus funciones, se plantea que el centro pueda requerir a empresas para que proporcionen la información necesaria sobre hechos investigados, y que pueda sancionar a las que no respondan a éstos, o a las que lo hagan de forma inadecuada o insuficiente.

IMPULSORES DE LA PROPUESTA

El socialista Ferran Pedret ha asegurado que sería injusto achacar vulneraciones de derechos a todas las grandes empresas internacionales, pero "también sería mentir pretender hacer la abstracción de que estas vulneraciones existen, y que es difícil establecer responsabilidades", porque a menudo se trata de desplazar a empresas subcontratadas u otros actores.

Eullia Reguant (CUP) ha defendido que "avanzar y trabajar para ser reconocidos pasa también por ser ejemplares" en la garantía de derechos, y ha avisado de que el análisis de determinadas empresas deberían generar una discusión sobre convenios que mantienen administraciones públicas catalanas con estas compañías.

La diputada de los comuns Susanna Segovia ha abogado por aprobar el texto con los "mínimos cambios posibles" durante su tramitación para que no se pervierta, según ella, y ha destacado que la propuesta no representa una amenaza ni un ataque a las empresas, sino una garantía de derechos humanos.

Desde Junts, Francesc de Dalmases ha destacado que más de 3.000 empresas catalanas tienen actividad en el extranjero, y ha destacado la importancia de la coherencia política, tanto en el Parlament como en el Congreso y el Parlamento Europeo: "Lo que defendemos o permitimos en Catalunya no puede ser diferente a los que defendemos o permitimos en el Gobierno del Estado".

La republicana Ana Balsera ha sostenido que este centro "no tiene que ser un instrumento aislado, sino que tiene que formar parte de la estrategia nacional de empresa y derechos humanos" y ha considerado una obligación de las instituciones catalanas defender los derechos humanos dentro y fuera de Catalunya.

CONTRARIOS AL CENTRO

Isabel Lázaro (Vox) ha calificado el futuro centro de chiringuito de colocación clientelar y de "Gestapo empresarial con pretensiones de etiquetar a los buenos o malos empresarios según su ideología", ante lo que la presidenta del Parlament, Laura Borrs, le ha pedido que se abstenga de comparar organizaciones criminales con iniciativas de la Cámara.

Desde Cs, Joan García ha tachado el organismo propuesto de "chiringuito" y ha señalado que la proposición de ley se sustenta en un sistema clientelar y en el desvío de políticas y recursos hacia la nada, en sus palabras.

La diputada por el PP Eva Parera ha dicho que este centro implicará poner más trabas a las empresas, y ha añadido: "Están apoyando a un Govern que incumple sus propias leyes, que pide que no se respeten sentencias y que además considera que las actuaciones del juez son una ingerencia a la democracia. Con todo el cariño, ¿de qué derechos humanos hablan?".