El Parlament debatirá sobre un fondo extraordinario para entes locales y otro de transición nuclear

También abordará un punto de Junts para que comunidades vecinales puedan pedir desalojar pisos ocupados

Los diputados durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).
Los diputados durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: martes, 21 octubre 2025 18:21

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de ese miércoles y jueves llevará a debate dos decretos ley del Govern: el que crea un Fondo Extraordinario Adicional 2025 para los Entes Locales y el que amplía las actuaciones que se pueden financiar con el Fondo de Transición Nuclear.

Tras la sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y a los consellers, se procederá al debate de dichos decretos leyes, que para ser validados requiere el apoyo de la mayoría de la Cámara, lo que significa más votos a favor que en contra.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, presentará el decreto ley que crear un fondo extraordinario de casi 22 millones de euros para "contribuir a estabilizar las finanzas de los ayuntamientos, los consejos comarcales, el Conselh Generau d'Aran, el Área Metropolitana de Barcelona y las entidades descentralizadas".

Por su parte, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, presentará el decreto ley que amplía las actuaciones que se pueden financiar con el Fondo de Transición Nuclear en las zonas afectadas por el futuro cierre de las centrales nucleares, incorporando como líneas de actuación prioritarias la vivienda, la educación y los servicios sociales, entre otras.

También introduce cambios en el órgano de gobierno del fondo, y crea dos nuevos fondos, para la gestión forestal y el control de la fauna cinegética y para la protección del sector pesquero, que se alimentarán además de los ingresos del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.

El orden del día incluye también el debate de totalidad del proyecto de ley de los instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales, que llega con dos enmiendas de rechazo de PP y Vox.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, presentará la iniciativa, que regula las diversas modalidades de acción concertada como sistema preferente para proveer estos servicios y crea la Agència Pública de Serveis Socials de Catalunya.

ADMINISTRACIÓN

El miércoles por la tarde, el pleno abordará el debate sobre la tramitación en lectura única de la proposición de ley de modificación de la Ley en relación con el derecho a una atención adecuada y a una buena administración, presentada por PSC-Units, ERC y Comuns.

La iniciativa modifica la ley para que no sea obligatorio devolver las prestaciones por necesidades esenciales de subsistencia que se hayan percibido indebidamente por un error administrativo; prohíbe la cita previa obligatoria para acceder a servicios presenciales de la administración, e introduce el derecho de las personas a rectificar sus errores ante la administración para evitar sanciones "por errores con buena fe y sin fraude", entre otros aspectos.

Otra de las iniciativas que se debatirán es la propuesta de ERC, Comuns y CUP de crear una comisión de investigación sobre la represión ejercida contra mujeres menores de edad por el Patronato de Protección a la Mujer entre 1941 y 1981.

El objetivo de la comisión sería "dar a conocer la represión y los maltratos que sufrieron miles de mujeres" por parte de esta institución franquista y abrir un proceso de reparación en el marco de la Ley de Memoria Democrática, en trámite en el Parlament.

El pleno hará también otro debate de totalidad sobre la proposición de ley de modificación de la Ley del libro quinto del Código Civil de Catalunya relativo al os derechos reales, y de la Ley del derecho a la Vivienda, presentada por Junts.

El texto introduce la posibilidad de que comunidades de propietarios puedan iniciar procedimientos judiciales y pedir como medida cautelar el desalojo de un bien inmueble cuando sea una vivienda ocupada ilegalmente donde se lleven a cabo "actividades o actos contrarios a la convivencia normal en la comunidad, que dañen o hagan peligrar el inmueble", u otros escenarios prohibidos por estatutos, normativa urbanística o la ley.

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