BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament se dirigirá al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para reclamar una mayoría determinante catalana este mismo año en el consorcio que gestione el Aeropuerto de El Prat.
CiU y tripartito pactaron hoy una moción en que el Parlament reclama que el nuevo modelo aeroportuario del Estado incorpore antes de acabar 2009 la creación de un consorcio de El Prat en que las instituciones catalanas sean "determinantes", pero también que se transfieran a la Generalitat en el mismo plazo los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell. PP --que presentó un texto alternativo-- y C's votaron en contra.
Este acuerdo debe trasladarse, según indica la moción, al Congreso, al Senado y al Consejo de Ministros con la finalidad de lograr los objetivos que defiende el Parlament.
La iniciativa es fruto de una moción inicial de CiU que expresaba su "rechazo frontal" a la propuesta de estatutos de la nueva sociedad gestora de los aeropuertos españoles, "porque imposibilita que la Generalitat y el resto de instituciones catalanas puedan participar en la gestión del Aeropuerto de El Prat". Este rechazo no está recogido en el redactado final.
La moción de CiU reclamaba el traslado de estas conclusiones a los diputados del Congreso, senadores y ministros catalanes "para que actúen en consecuencia", y no voten a favor de la iniciativa en Catalunya y en contra en Madrid.
Este punto se ha sustituido finalmente por el traslado a Congreso, Senado y Consejo de Ministros, por lo que el presidente del Parlament, Ernest Benach, se dirigirá a los presidentes de las cámaras baja y alta, José Bono y Javier Rojo, y a Zapatero.
En declaraciones a los periodistas, el diputado de CiU Josep Rull destacó la importancia de que el Parlament se pronuncie sobre el borrador de estatutos de la nueva sociedad gestora de los aeropuertos españoles, que fije una fecha y que se traslade todo ello a Madrid.
El PP catalán defendió una enmienda a la moción en la que defiende un modelo aeroportuario descentralizado en que el Estado se reserve la titularidad de las infraestructuras y las competencias sobre navegación aérea y seguridad, pero se gestionen los aeropuertos en régimen de concesión a través de entidades de gestión con participación privada, con dirección profesionalizada y sin participación política.
