El Parlament sigue la tramitación de la ley del taxi tras caer la enmienda a la totalidad de Vox

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles seguir la tramitación de la ley del taxi, tras haberse rechazado la enmienda a la totalidad de Vox a la norma, que pretende ordenar el sector y establecer funciones en cada tipo de servicio: taxis, vehículos de transporte con conductor (VTC), limusinas y los vehículos de Alta Disposición.

La registraron en septiembre del año pasado PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP bajo el nombre de proyecto de ley de transporte de personas en vehículos de hasta 9 plazas, y se ha rechazado la enmienda con el único voto a favor de Vox, la abstención del PP y el voto contrario de los proponentes y de Aliança Catalana.

Tras rechazarse la enmienda a la totalidad, el proyecto de ley continuará su tramitación en ponencia y en comisión, momento en que se podrán presentar enmiendas al articulado del texto, y posteriormente retornará al Pleno, cuando se hará el debate y la votación final del proyecto.

TAXIS Y VTC MANTIENEN EL PULSO

El sector del Taxi y las VTC mantienen el pulso abierto por las diferencias que tienen sobre el texto, que reconoce el taxi como un servicio económico de interés general y lo sitúa en una posición preeminente con obligaciones de servicio público, como la universalidad, la accesibilidad y la continuidad, y con tarifas oficiales.

También regula y limita las VTC como un servicio privado con un papel complementario que requiere, en todo caso, la contratación previa por parte del cliente, y se introduce una nueva modalidad de vehículos de alta disposición para traslados en circunstancias o acontecimientos concretos, servicios que deberían tener una precontratación mínima de dos horas y cubrir un tiempo, como mínimo, de una hora, y el texto regula también el transporte en limusina.

La proposición regula además las empresas intermediarias de contratación de estos servicios de transporte, incluidas las plataformas digitales, y crea una infraestructura de datos para hacer el seguimiento de los servicios y mejorar la planificación del sector.

Entre otros aspectos, el texto refuerza los requisitos de formación de los conductores y establece que deberán tener el nivel B1 de catalán con un plazo transitorio para obtenerlo, y se incluye un régimen sancionador con multas hasta 6.000 euros por infracciones muy grave, como circular sin la autorización respectiva.

Desde el sector del taxi, se ha planteado esta semana la posibilidad de introducir enmiendas al texto para que los VTC puedan canjear su licencia por una de taxi durante 7 años más uno prorrogable para que se "acabe el conflicto" y evitar la judicialización, cuestión que desde el Govern ven con buenos ojos y estudiarán.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de intervención de los grupos, el diputado de PSC-Units José Ignacio Aparicio ha defendido que la iniciativa permite dar respuesta a un sector que reclama reglas claras, orden y un marco "ante una ciudadanía que merece un buen servicio", y se ha mostrado abierto a debatir y mejorar la propuesta actual una vez se inicie el trámite parlamentario.

Desde Junts, la diputada Montse Ortiz ha argumentado la necesidad de promover una nueva ley del taxi para adaptarse a los cambios del sector ante la aparición de las VTC y las plataformas, pero ha acusado al Govern de no escuchar ni de querer buscar el consenso, por lo que ya ha avanzado que la enmendarán.

"DISEPERSIÓN NORMATIVA"

El diputado de ERC Joan Ignasi Elena ha reivindicado el trabajo hecho para tener una ley del taxi que, a su juicio, es necesaria "ante la dispersión normativa que existe y que genera inseguridad e incertidumbre", y dar así garantías a los profesionales del sector y a los usuarios.

Los Comuns han defendido limitar la desregularización y entender al taxi como "un servicio básico con obligaciones de servicio público", en palabras del diputado Lluís Mijoler, que ha avanzado que quieren introducir enmiendas para que modernizar el sector no implique precariedad laboral, para el control público de las plataformas y para garantizar el taxi rural.

REGULAR CONTRA LA 'UBERIZACIÓN'

La diputada de la CUP, Laure Vega, ha defendido que regular este sector es actuar contra la 'uberización' de la economía que implica, según ella, presionar el mercado reventando los precios para luego subir tarifas: "Las tarifas dinámicas se han aplicado en los momentos en los que además se necesitaba un servicio tan esencial como es el transporte de personas".

Por parte de Vox, el diputado Andrés Bello ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo reclamando que debe haber una nueva regulación que devuelva al sector la "seguridad jurídica" ya que, ha señalado, esta proposición no mantiene el equilibrio entre los diversos operadores y se debería presentar como proyecto de ley del Govern para que fuera redactada por los servicios jurídicos y se diera audiencia a los sectores afectados.

La diputada del PP Àngels Esteller ha defendido la abstención de su partido puesto que, asegura, la ley debería haberse presentado como proyecto de ley porque esta proposición no incorpora informes técnicos ni análisis de impacto y, por otra parte, ha criticado la proposición porque afecta a la movilidad y a la libertad de empresa y no corrige las "distorsiones" de una oferta que no está equilibrada.

La líder y diputada de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha expresado su rechazo ante esta proposición, de la que ha dicho que reduce la oferta de movilidad sin "ninguna previsión" de que se reduzca la demanda algo que, apunta, empeorará los tiempos de espera de los ciudadanos porque los taxis ya no dan abasto.