El Parlament sigue la tramitación del proyecto del fondo para las fianzas del Tribunal de Cuentas

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves, tras rechazarse la enmienda a la totalidad presentada por Cs, seguir la tramitación del proyecto de ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat para cubrir las fianzas, por valor de 5,4 millones de euros, que el Tribunal de Cuentas pide a exaltos cargos de la Generalitat por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017.

La tramitación del proyecto seguirá adelante al haberse rechazado la enmienda a la totalidad de Cs con el voto en contra de PSC, ERC, Junts, Vox, la CUP y los comuns, la abstención del PP, y el partido naranja ha sido el único que ha apoyado su propia enmienda.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha recordado que este proyecto llega después de que el Parlament convalidara a finales de julio tramitar como proyecto de ley la creación del fondo complementario de riesgos de la Generalitat, y todo ello tras un dictamen "favorable" del Consell de Garanties Estatutries (CGE), que habían solicitado PSC-Units, Cs y PP.

Según Giró, el decreto es "una respuesta jurídica y política para restablecer la presunción de inocencia del conjunto de cargos y servidores públicos de la Generalitat" y, a su juicio, permitirá actuar con libertad para poder hacer acción política sin miedo, ha dicho.

También ha explicado que el fondo, con una aportación inicial de 10 millones de euros, dará cobertura a las reclamaciones judiciales o administrativas que se impulsen contra servidores públicos mientras no haya una sentencia judicial firme.

Así, ha especificado que el servidor público sólo se podrán beneficiar de este fondo siempre que no haya una resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones realizadas; siempre que el riesgo no esté cubierto por alguna póliza o seguro suscrito por el Govern, y siempre que la Generalitat no haya iniciado acciones contra las personas afectadas.

Tras exponer que la gestión del fondo la asumirá provisionalmente el Institut Catal de Finances (ICF) mientras no se constituya la entidad gestora, Giró ha añadido que, en caso de que se confirmara la responsabilidad civil o contable del servidor público, las personas beneficiarias "deberán devolver el dinero, los intereses y gastos que se hayan generado por razón de las garantías efectuadas en el fondo".

Sobre el texto alternativo de Cs, el conseller les ha acusado de querer "cargarse" el objetivo principal del fondo complementario de riesgos, y se ha reafirmado en las razones y los motivos para crearlo.

"Si nosotros desde el Govern y desde esta Cámara no damos protección a la presunción de inocencia de nuestros servidores públicos, ¿quién quiere que asuman entonces cualquier responsabilidad de servicio público?", ha subrayado Giró, que ha asegurado que siempre serán fieles a la defensa de las instituciones catalanas y de su gente.

Cs: EVITAR LA "IMPUNIDAD"

Desde Cs, Nacho Martín Blanco ha defendido que con el texto alternativo que han presentado pretende evitar "la impunidad y el rescate de las personas que han cometido delitos graves o contra los que están procesados por delitos dolosos".

"A este fondo yo lo llamaría fondo de rescate a los autores del golpe de Estado que sufrieron los catalanes en otoño de 2017. Es un escándalo que se quiera resarcir a los que han atacado el interés general de los catalanes", ha sostenido Blanco, destacando que a los que deben protegerse son a los funcionarios que actúan sin mala fe y no a los que, a su juicio, se saltan la legalidad.

El diputado de PSC-Units Jordi Riba considera que hay que dar una cobertura jurídica a los servidores públicos en las responsabilidades que se puedan derivar en el ejercicio de sus funciones o actividades, pero ha rechazado el texto de Cs por considerar que es en parte "excluyente, propone dejar sin dotación económica el fondo y elimina la cobertura de responsabilidad civil, patrimonial y contable, y esto es como ir a comprar un coche, y pedir que le quiten el volante, las ruedas y el cambio de marchas".

Desde Vox, Andrés Bello ha considerado innecesaria la enmienda a la totalidad de Cs, y ha lamentado que los independentistas sigan queriendo "gastar el dinero de todos los catalanes en su objetivo separatista, pero eludiendo las consecuencias de sus actos".

Para el líder del PP catalán, Alejandro Feernández, con este fondo se ponen las instituciones catalanas y sus recursos al servicio "de malversadores, porque se quiere hacer pagar al conjunto de los ciudadanos por las ilegalidades de unos pocos", y cree que cometen un fraude de ley y no protegen a los funcionarios ante riesgos futuros.

CUP: "EL GOLPE A LA DEMOCRACIA FUE EL 155"

En sentido contrario se ha pronunciado la diputada de la CUP Eullia Reguant, que se ha dirigido a Martín Blanco para espetarle que "el golpe a la democracia fue la aplicación del artículo 155, que destituyó al Govern y clausuró el Parlament".

Desde la bancada de los comuns, Joan Carles Gallego ha iniciado su intervención dejando claro que votarían en contra del texto de Cs porque consideran que "presiona a la baja la libertad de acción de los servidores públicos", y cree que en el trámite parlamentario del proyecto de ley de creación del fondo se deberán aclarar dudas y profundizar el motivo por el que las compañías de seguro renunciaron desde 2017 a cubrir todos los riesgos que les corresponde a los servidores públicos, entre otras cuestiones.

Para Jordi Munell (Junts), el fondo permitirá dar seguridad a los servidores públicos contra "el miedo que hay desde 2017, cuando hay un Estado que no digiere que se organizara un referéndum, que actúa a través del brazo judicial, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Supremo para perseguir a la disidencia política".

En el mismo sentido se ha pronunciado el republicano Lluís Salvadó, que ha vaticinado que, el día que haya sentencia firme, "34 familias serán expoliadas por motivos políticos y por la represión política".