Pimec lo considera un "elemento trascendental de competitividad y viabilidad" para España
BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El nuevo portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado este lunes que uno de los objetivos de su partido es dar respuesta a las reivindicaciones y problemas que plantean las pymes, por lo que ha explicado que han presentado en el Senado una iniciativa parlamentaria para modificar la ley 15/2010 de medidas de lucha contra la morosidad para incluir un régimen sancionador a quienes incumplan los plazos para pagar a sus proveedores.
"No puede ser que se apruebe una ley hace ya unos cuantos años que establezca que las empresas y el sector público tienen que pagar a sus proveedores en un periodo máximo de 30 días y que esta ley se siga incumpliendo", ha criticado en declaraciones a Europa Press antes de reunirse con el secretario general de la patronal Pimec, Antoni Cañete, quien le ha expuesto que hay grandes empresas que pagan con más de 400 días de retraso.
Campuzano ha afirmado que la puesta en funcionamiento de un régimen sancionador "es una de las prioridades" del partido en este periodo de sesiones, y ha explicado que a mediados de este abril se reunirán, junto con otras formaciones, con representantes de pymes para convertirlo en cuestión de Estado.
El diputado se ha encontrado en la sede de Pimec en Barcelona con Cañete en una reunión --la primera desde el relevo de Francesc Homs, inhabilitado por el Tribunal Supremo-- en la que también han participado sus compañeros Jordi Xuclà, Ferran Bel y Josep Pagès.
Cañete ha destacado que hay varias leyes que preocupan al sector y que se han convertido en una "cruzada" para las pymes, y que la de la morosidad es una de ellas.
"Es un elemento trascendental de competitividad y viabilidad de un país y, sobre todo, de comportamiento en la relación que se produce en el ámbito privado", por lo que ha celebrado que el PDeCAT plantee regular las sanciones por ley.
Otras preocupaciones de Pimec son cómo resultarán los Presupuestos Generales del Estado por las inversiones que puedan incorporar, y la ley de contratación pública, que representa cerca del 20% del PIB, ha defendido.
