Policía acusado de agredir a Español calculó disparar a 15 metros por contexto de "extrema gravedad"

Acusaciones dicen que los agentes no sólo no auxiliaron a la ciudadanía, sino que la "atacaron"

El activista y miembro de Stop Bales de Goma Roger Español (c) atiende a los medios durante una concentración frente a la Audiencia de Barcelona en la última sesión del juicio a 4 policías
El activista y miembro de Stop Bales de Goma Roger Español (c) atiende a los medios durante una concentración frente a la Audiencia de Barcelona en la última sesión del juicio a 4 policías- Kike Rincón - Europa Press
Europa Press Catalunya
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 19:11

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escopetero de la Policía Nacional acusado de un presunto delito de lesiones a Roger Español, que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, ha asegurado que calculó una distancia aproximada de 15 metros hacia la masa de gente antes de efectuar el disparo ante un episodio de "extrema gravedad" en el que se produjeron diversos lanzamientos hacia los agentes.

Lo ha dicho este jueves en la última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Barcelona a cuatro policías nacionales que se enfrentan a penas de inhabilitación y de hasta 13 años de prisión.

El bocachero -como se conoce en el argot policial a los escopeteros- ha expresado que, cuando se encontraba en mitad de la calle Sardenya el día de los hechos, cumplió la orden de disparar y lo hizo hacia el suelo para que el proyectil rebotara contra este.

Ha indicado que "no se puede calcular una distancia exacta" y que creyó que estaba a dichos metros porque se encontraba en línea con el resto de escopeteros de otros subgrupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP): "No es hacer puntería", ha remarcado.

FORMACIÓN EN ANTIDISTURBIOS

El bocachero ha explicado que en la formación policial que llevan a cabo dentro de las UIP no se les enseña sobre el potencial lesivo de la bala de goma o cómo calcular el ángulo hacia el suelo para que sea menos lesiva, sino que se forman en control del orden público y en cómo dispersar a masas.

Al preguntársele sobre si valoró la probabilidad que alguien fuera a perder un ojo como consecuencia del rebote del proyectil, el escopetero lo ha negado, si bien ha señalado que la escopeta es un "elemento disuasorio y así te enseñan a usarlo", por lo que no cabe algo más que eso a la hora de efectuar el disparo.

JEFE DEL GRUPO CAMEL 50

El inspector acusado, jefe del Grupo Camel 50, ha indicado que fue él quien dio la orden a 'viva voz' para que los escopeteros efectuaran los disparos, y que en ese momento la masa de gente estaba a unos 20-25 metros de distancia, aunque ha precisado que iba fluctuando y no estaba fija todo el rato.

Así, consideró que estaba a una distancia suficiente para seguir efectuando disparos de balas de goma --intercalados con salvas- porque se encontraban bajo un supuesto de extrema gravedad.

NUMEROSAS AGRESIONES

Uno de los subinspectores acusados, jefe del subgrupo 54, que estaba a cargo del escopetero y que dependía jerárquicamente del jefe del Grupo Camel 50 -también procesado-, ha manifestado que ese día sufrieron numerosas agresiones y que recibió la orden de lanzar pelotas de goma "a viva voz" directamente del inspector.

El subinspector ha señalado que la situación que se estaba viviendo en la calle Sardenya se ajusta a la circular que regula el uso de las pelotas de goma por la situación de "extrema peligrosidad" que allí se estaba viviendo y que, en esos casos, la distancia mínima de disparo es de aproximadamente 15 metros.

En este sentido ha precisado que la circular discierne entre tres distancias, dependiendo del contexto, siendo la mínima de 15 metros para casos de extrema gravedad y de 25 y 50 metros en otros supuestos, si bien "no hay nada tasado", sino que es el responsable del operativo quien lo determina.

El procesado ha negado que fuese él quien ordenó disparar y ha dicho que los disparos se orientan hacia los lugares desde los que proceden las agresiones, y ha reconocido que los ángulos que describen estas pelotas de caucho son "aleatorias".

Preguntado sobre si supieron que habían herido a una persona, ha dicho que se enteraron por los medios de comunicación esa noche --igual que lo han explicado el resto de procesados-, pero que no indagaron en lo sucedido pese a conocer que en esa zona habían actuado 11 escopeteros que habían disparado 17 pelotas de goma.

El otro subinspector procesado ha explicado que antes de recibir la orden de disparar se intentó dispersar a la masa de gente a través de señales luminosas y acústicas desde los furgones policiales, y que se lanzaron hasta tres mensajes con indicaciones para que cesaran los lanzamientos, pero no acabó funcionando, por lo que se empleó el uso de la defensa y posteriormente de los proyectiles.

PELIGRO "CONOCIDO Y PREVISIBLE"

La acusación particular, que ejerce el abogado Benet Salellas, ha dicho que la policía actuó con dolo y que el resultado "no era inimaginable", pues en aquel momento las pelotas de goma tenían consideración de arma peligrosa y habían sido prohibidas por el Parlament y por el Parlamento Vasco por su peligrosidad.

Así se acordó tras la muerte de Íñigo Cabacas en el País Vasco, después de que Ester Quintana perdiera un ojo en Catalunya y tras más de 70 mutilaciones oculares en todo el Estado español, por lo que el peligro que suponía su uso "era conocido y previsible" para la policía.

Las acusaciones sostienen que, ese día, los acusados no sólo no auxiliaron y protegieron a la ciudadanía, sino que la "atacaron", que le causaron un daño grave e irreparable y que utilizaron las armas en un momento en el que no había ni peligro ni riesgo, haciendo un uso absolutamente gratuito de la violencia policial.

PENAS DE HASTA 13 AÑOS

Los acusados se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación, a petición de la acusación particular, así como de Òmnium Cultural y de Irídia, que ejercen como acusación popular junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que reclama 12 años de prisión e inhabilitación, según los escritos consultados por Europa Press, por delitos de lesiones graves en concurso con delitos de tortura o contra la integridad moral.

Por su parte, las defensas, al igual que la Fiscalía, solicitan la absolución de los cuatro acusados al considerar que actuaron en cumplimiento de su deber.

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