La juez decretó el lunes el embargo de sus bienes al faltar parte de la cantidad estipulada
BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
Los 17 procesados en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que investiga la logística del 1-O han depositado este jueves los 2.135.948,16 euros que quedaban pendientes para completar la fianza estipulada por la juez, de 5,8 millones.
Según varios apuntes en Twitter de la Caixa de Solidaritat, encargada de recaudar los fondos para cubrir dicha fianza, estos 2,1 millones se han depositado gracias a las aportaciones solidarias de mucha gente, de los partidos y del embargo de fincas propiedad de los afectados como garantía de que se llega a esta cantidad.
Fuentes de las defensas consultadas por Europa Press han explicado que ahora están a la espera de si la juez admite este nuevo depósito.
La titular del juzgado, Alejandra Gil, decretó este lunes el embargo a los 17 procesados por delito de malversación, al considerar que faltaban estos 2,1 millones, tras consignarse solo 3.667.220,81 euros en este juzgado el 10 de mayo.
En sendos decretos a los que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada declaró embargos a los procesados tras constatar que había transcurrido el plazo concedido para la constitución de la fianza solidaria y se había practicado la investigación patrimonial para asegurar las cantidades, una decisión contra la que cabe recurso.
Entre los procesados obligados a aportar fianza solidaria están el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin; el director de Comunicación, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; el exdirector de Diplocat Albert Royo; el exdirector de la Delegación de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj, y la exdirectora de Servicios de la Secretaría General de Economía Natlia Garriga.
También el exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrías; el exsecretario general de la Conselleria de Exteriores de la Generalitat y ahora director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament de la Generalitat, Aleix Villatoro, y la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, entre otros.
LETRADA DEL JUZGADO
La letrada de la Administración de Justicia certificó el 13 de mayo que quedaba "pendiente afianzar la cantidad de 2.135.768,06 euros" por parte de 17 de los 30 procesados a los que se les impuso la fianza.
En una diligencia de ordenación, la letrada confirmó que los procesados habían consignado 3.667.220,81 euros, indicando que faltaban estos 2,1 millones, por lo que daba cuenta a la jueza para proceder a lo establecido en el auto de procesamiento del 4 de abril en materia de responsabilidad civil, procediendo al embargo de bienes.
Los 17 procesados sobre los que pesaba fianza alegaron a Instrucción 13 que los 2,1 millones restantes ya estaban consignados en la cuenta judicial del Tribunal Supremo a raíz del juicio al proceso soberanista y que "responden a las futuribles responsabilidades civiles devengadas por idénticos hechos ventilados en ambos procedimientos", según un escrito.
La letrada del Juzgado, sin embargo, lo rechazó al considerar que esta cantidad está "depositada a favor de personas distintas de los procesados del presente procedimiento, en un procedimiento distinto", ante un órgano judicial distinto y respecto de unos hechos que ninguna resolución judicial firme ha declarado coincidentes.
