BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La comisión del congreso del PSC que aborda temas sociales ha evitado este sábado posicionarse sobre la legalidad de la gestación subrogada, popularmente conocida como vientre de alquiler, y ha aprobado una resolución que la defiende y otra que la rechaza.
Según han explicado a Europa Press fuentes socialistas, ante la división de posiciones entorno a este asunto se ha optado por apelar a "abrir el debate" de la gestación subrogada, que es la posibilidad de que una persona o pareja que no puede o no quiere concebir un hijo solicite a una mujer que geste a un bebé y se lo entregue tras el parto, un sistema polémico ilegal en España pero aceptado en otros lugares, como algunos estados de los Estados Unidos.
Los delegados han aprobado las dos propuestas de resolución sobre este ámbito que se habían presentado para cada uno de los posicionamiento, por lo que ambas se incorporarán a la ponencia marco del PSC para los próximos años.
La propuesta favorable a los vientres de alquiler ha sido impulsada por las agrupaciones barcelonesas de Sant Martí, L'Hospitalet Est y Sarrià-Sant Gervasi, que apuestan por inspirarse en el modelo canadiense de gestación subrogada altruista con manutención.
Piden que se regule y controle como una técnica "excepcional" sólo para aquellos casos en los que médicamente se pruebe la incapacidad física de las madres o padres intencionales, abogando por controles de idoneidad de las partes y añadiendo restricciones como la limitación del número de veces --dos embarazos-- y un límite de edad --50 años--.
"Como socialistas, no podemos aceptar ni aceptamos ninguna restricción ni consecuencia que derive del ejercicio del derecho al aborto libre en los plazos de la ley", defienden estas agrupaciones, que también proponen una filiación retroactiva por sentencia en el momento del parto, en la que el Estado sea el garante de todo el proceso.
Además, piden limitar los vientres de alquiler a españoles en países en los que los derechos humanos de los menores y las gestantes estén plenamente garantizados, y promover el cierre de cualquier empresa o agencia española que ofrezca servicios en este sentido fuera del control del Estado: "Regulación sí, pero regulemos con un modelo garantista para todas las partes".
En cambio, la propuesta de resolución contraria, impulsada por las agrupaciones barcelonesas de Sant Boi, Esparraguera y Capellades, defiende que "no todo se puede comprar ni vender", y recuerda que los vientres de alquiler están prohibidos en España porque la maternidad y los bebés no pueden ser objeto de comercio.
Además, apuntan al Informe Anual de Derechos Humanos y Democracia en el Mundo 2014, en el que en el punto 115 se condena esta técnica por ser contraria a la dignidad humana de las mujeres, dado que considera que su cuerpo y funciones reproductivas se utilizan como "materia prima" y conlleva explotación financiera.
Este es uno de los puntos más polémicos de los vientres de alquiler, pues los detractores consideran que potencia la desigualdad por clase social: se estima que en los Estados Unidos la compensación es de 20.000 a 35.000 dólares frente a los cerca de 7.000 de la India.
