BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha asegurado este jueves que es "inaplicable" la sentencia del Tribunal Supremo (TS) donde se reconoce el derecho de una niña a recibir la Educación Infantil en castellano y ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC).
En rueda de prensa desde el Parlament, Rigau ha concretado que la sentencia no se puede poner en práctica por dos razones: por una parte, porque el tribunal pretende que la niña sea escolarizada en castellano, de forma diferenciada y a parte del resto de alumnos, y ello es contrario al Estatut y a la Ley de Educación de Catalunya (LEC), que prohíben expresamente la segregación de los estudiantes por razones de su lengua materna.
El segundo motivo es que esta menor está cursando en la actualidad cuarto curso de Educación Primaria, y la sentencia hace referencia sólo a la Educación Infantil, etapa no obligatoria y de 3 a 6 años.
Rigau ha asegurado que la Generalitat sí que reconoce la atención individualizada del alumnado que lo solicite en castellano, pero una cosa muy distinta es pretender como hace el tribunal que la niña debe ser escolarizada por separado, y ha asegurado que la justicia no ha tenido en ningún caso que la LEC y el Estatut están plenamente vigentes.
Ha dicho que en total, hay en Catalunya 24 casos de familias que han recurrido ante la justicia el modelo lingüístico vigente en las escuelas de Catalunya, y ha contrastado esta cifra con el más de 1.200.000 millones de estudiantes que hay en Catalunya.
"CAMBIO SUSTANCIAL"
Ha apreciado que en esta sentencia, el TC ha introducido nuevos argumentos y un "cambio sustancial muy importante que representa un endurecimiento" en contra de la inmersión lingüística que hasta la fecha no habían sido utilizados.
Según Rigau, no es de recibo la petición que hace el tribunal de que en la prescripción de los alumnos, la Generalitat no pregunte por las lenguas que entiende el estudiante, sino por la lengua que utilizan los padres, y por esta razón.
La consellera ha asegurado que en septiembre, el propio TS "reiteró la bondad de la hoja de preinscripción", por lo que no entiende por qué pocas semanas más tarde el tribunal da un giro a sus propios argumentos.
Otra de las novedades de la sentencia y que el Govern ha criticado es que deba ser la Generalitat quien asuma las costas procesales de estos casos, que son los gastos a los que incurren cada una de las partes involucradas en un juicio.
