Saiz defiende la legitimidad económica de la regularización porque la economía sumergida "daña"

   BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

   La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha defendido que son muchos los sectores económicos que han aplaudido el procedimiento de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno por el papel relevante de la mano de obra extranjera: "En algo que coincidimos todos es en que la economía sumergida daña nuestro país, daña a los tejidos productivos y, fundamentalmente, menoscaba derechos a personas que están ya en nuestro país".

    Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un diálogo con la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, en Barcelona, para debatir sobre migración tras la publicación de la nota de opinión publicada por la entidad, y en la que ha defendido que la política migratoria del Gobierno es "integral y transversal".

   Garcia-Milà ha subrayado la aportación de la inmigración en el crecimiento económico de España de las últimas décadas, aunque ha admitido que la magnitud y rapidez de esas llegadas "también ha puesto de manifiesto algunas limitaciones importantes del modelo actual" de crecimiento, basado en baja productividad y alta intensidad en la mano de obra.

TRIPLE LEGITIMIDAD

   Junto a la económica, la ministra de Inclusión ha defendido la triple legitimidad de la medida, que incluye también la política y la social, ya que "coge el testigo" de la iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas, incluidas las de la Iglesia Católica, y fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria.

   El procedimiento de regulación, que Saiz ha confirmado se activará a principios de abril y estará abierto hasta el 30 de junio, "va a dar derechos y va a visibilizar a personas" que ya están en España.

TENSIONES GENERADAS

   Desde el Cercle d'Economia, Garcia-Milà ha señalado que la migración es uno de los "grandes debates estructurales" para el futuro del país, desde un punto de vista demográfico, económico y social, ya que afecta tanto al modelo productivo como a la sostenibilidad del estado del bienestar y la cohesión social.

    La presidenta de la entidad, sin embargo, en línea con la nota de opinión publicada por el Cercle d'Economia a finales de febrero, ha enumerado algunas de las presiones que ha generado el flujo migratorio, como una presión creciente en el mercado de la vivienda o una tensión en determinados servicios públicos.

    "Cataluña, por poner un ejemplo concreto, tiene hoy algunas infraestructuras y servicios pensados para 6 millones de personas cuando en realidad ahora somos más de 8 millones", ha afirmado.

POLÍTICA DE ESTADO

   De cara a las soluciones, Garcia-Milà ha reiterado la necesidad de avanzar hacia una política migratoria concebida como una "política de Estado" y orientada al medio y largo plazo.

   También ha afirmado que aunque la regularización extraordinaria es una medida necesaria en el contexto actual, es el resultado de un modelo de gestión que acaba generando bolsas de irregularidad que, más adelante, deben resolverse mediante procesos extraordinarios.

    La cuestión, ha defendido la presidenta, no es si necesitamos inmigración, sino la intensidad y composición de la misma: "Esto implica gestionar los flujos migratorios de forma quizá más ordenada y acorde con las capacidades reales de acogida e integración de nuestro país".

RESPONSABILIDAD CATALANA

   Preguntada por un posible traspaso de competencias en materia de inmigración al Govern, Saiz ha valorado como "absolutamente positivo" que una Comunidad Autónoma quiera asumir más responsabilidades.

   "La política migratoria es una cuestión compleja, no solamente es tener un permiso para poder residir y trabajar, sino que empieza un proceso de vida que va desde la educación, la vivienda o los servicios sanitarios, y por eso las administraciones más cercanas tienen mucho que decir, desde lo local pasando por lo autonómico", ha añadido la ministra.