Sigue el registro de la sede de Sacresa en Barcelona por el caso Can Domenge de Mallorca

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional seguían, a las 19 horas, dentro la sede de la inmobiliaria Sacresa en Barcelona, donde esta mañana empezó un registro relacionado con el caso de supuesta corrupción urbanística del proyecto Can Domenge, en Mallorca.

Los agentes, según explicaron a Europa Press distintas fuentes cercanas al caso, se hicieron con documentación en papel y en soportes informáticos para entregarla al juzgado que investiga el caso, que el lunes interrogará como imputada a la presidenta del Parlament Balear y presidenta de honor de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar.

Munar presidía el Consell de Mallorca cuando en 2005 y 2006 vendió un solar en Palma supuestamente por la mitad de su valor de mercado y de tasación.

Desde poco antes de las 13 horas, cinco coches policiales de paisano estuvieron aparcados frente a la sede de la empresa, en la Illa Diagonal. Las oficinas quedaron cerradas al público, mientras que una quincena de trabajadores salieron del edificio, aunque el clima era de aparente normalidad, según pudo comprobar Europa Press.

El presidente de la inmobiliaria, Román Sanahuja, no estuvo presente durante el registro, ya que se encuentra de viaje. Sí estuvo presente el abogado de la empresa.

El caso se destapó cuando otra inmobiliaria catalana, Núñez y Navarro, denunció que había perdido el concurso para comprar un solar público de 52.000 metros cuadrados pese a ofrecer 60 millones de euros, el doble de lo que pagó la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sacresa y la mallorquina Ferrà-Tur, que se lo adjudicó en un concurso público de enajenación del solar en 2006.

A raíz de esta adjudicación, el ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez presentó una querella contra las empresas beneficiarias y contra todos los consellers insulares del PP y de UM que en la pasada legislatura votaron a favor de adjudicar el solar a la UTE beneficiaria.

El primer golpe por este caso contra la constructora catalana se produjo el 3 de septiembre, cuando la jueza que instruye el caso impuso una fianza de responsabilidad civil de 38 millones de euros al presidente de UM e imputado en el caso, Miquel Àngel Flaquer, a los también encausados Francisco Ferrà (de Construcciones Ferrà Tur), y Mario Sanz y Joan Maria Pujals (de Sacresa Terrenos Promoción y ex conseller de Cultura de la Generalitat con CiU), y a las empresas que representan.

La resolución judicial señala que hay indicios de que los adjudicatarios pudieron haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude de la administración, al haber adquirido un bien inmueble del Consell por un precio "muy inferior" al del mercado "mediante el artificio de poner un precio máximo a la enajenación".

QUERELLA DE NÚÑEZ Y NAVARRO

Núñez y Navarro presentó solicitó al juzgado que el procedimiento se eleve al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), debido al aforamiento de los también imputados Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell, y Bartomeu Vicens, ex conseller insular de Territorio.

Así, Sacresa ofreció la propia finca como aval para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil, por importe de 38 millones de euros impuesta por la jueza que instruye el caso, asegurando de esta forma la eventual restitución del solar.