Actualizado 18/08/2016 11:46 CET

El Síndic de Greuges investiga posibles maltratos a un interno en Quatre Camins

Cárcel de Quatre Camins
CONSELLERIA DE JUSTICIA

   Pide la instalación de cámaras en las dependencias penitenciarias

   BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha abierto una investigación por posibles maltratos a un interno de la prisión de Quatre Camins (Barcelona), y ha pedido a la Conselleria de Justicia de la Generalitat la instalación de cámaras en todas las dependencias penitenciarias.

   Según ha informado en un comunicado, esta petición nace de la queja de un interno del centro penitenciario Quatre Camins que afirma haber sido objeto de un "uso desproporcionado" de la fuerza por parte del grupo de intervención especial.

    Los hechos sucedieron en el patio del departamento de sancionados a raíz de la contención a este interno ante su actitud provocadora, ha explicado el Síndic.

   La queja se planteó en el marco de una visita del Síndic al centro dentro del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT), y según la exploración médica que practicó la facultativa del MCPT, el afectado presentaba múltiples esquimosis --moratones--, que "pueden ser compatibles con mecanismos directos de contusión".

    En la resolución de la queja, el Síndic describe diversos déficits hallados en la actuación de la Administración, como la escasa concreción en el informe redactado por los funcionarios y la hoja asistencial médica, que no detalla con exactitud las lesiones ni el trato administrado.

   Otra irregularidad ha sido, según el Síndic, la falta de comunicación inmediata de los hechos a la autoridad judicial competente; y también lamenta que no hubiera ningún intento de negociación ante el conflicto y se optara directamente por la aplicación de medios coercitivos.

RECOMENDACIONES

   Ante esta "cadena de irregularidades", el Síndic ha pedido que se instalen cámaras de grabación de imágenes en todas las dependencias de los centros penitenciarios donde los internos puedan sufrir vejaciones o maltratos.

   El objetivo es garantizar la profesionalidad y el rigor de los funcionarios en su comportamiento y al mismo tiempo protegerlos de las denuncias y acusaciones falsas.

   También aconseja redactar los informes de los hechos con detalle minucioso de cada una de las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios y sin el uso mecánico de conceptos jurídicos indeterminados, que únicamente sirven para fundamentar la gestión de la fuerza física por parte de la administración.

   Pide también fomentar "hasta el último extremo" el diálogo, la negociación y la mediación antes de solicitar la asistencia del grupo de intervención especial, así como comunicar de forma inmediata la aplicación de medios coercitivos al juez de vigilancia, entre otras recomendaciones.