El Síndic pide al Estado ratificar el protocolo 16 de la Convención Europea de Derechos Humanos

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó y el adjunto general al Síndic, Jaume Saura
EUROPA PRESS
Publicado 14/08/2018 12:58:47CET

Advierte de que, si no lo hace, creará "una falta de garantías de derechos humanos" en España

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido al Estado que ratifique el protocolo 16 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece la posibilidad de que los tribunales nacionales pidan opinión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de emitir una sentencia que pueda entrar en conflicto con derechos establecidos en el convenio europeo.

En rueda de prensa este martes, el Síndic ha explicado que el 7 de agosto envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que inicie los trámites para ratificar este protocolo, ya que entró en vigor el 1 de agosto este año y ha sido ratificado por una decena de estados europeos, pero España no lo ha hecho.

Para hacerlo, es necesario que el Congreso lo apruebe por mayoría simple y que el Gobierno lo ratifique.

Ribó ha señalado que el Estado había ratificado hasta ahora todos los protocolos de la Convención Europea de Derechos Humanos y considera necesario ratificar este también para "estar en la primera línea de la garantía de derechos humanos".

Por eso, ha advertido de que, si el Estado no ratifica el protocolo 16, estará "creando una falta de garantías de derechos humanos" en España.

Ha asegurado que aún no ha obtenido respuesta de Sánchez y que también lo ha enviado al Defensor del Pueblo, su homólogo en el Estado.

PROTOCOLO 16

El adjunto general al Síndic, Jaume Saura, ha relatado que el protocolo 16 da la potestad al Tribunal de Estrasburgo a hacer opiniones consultivas sobre sentencias de tribunales nacionales, como el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal Supremo en España, para "prevenir la vulneración del convenio europeo".

Así, el TC y el Supremo podrían pedir opinión a Estrasburgo antes de emitir una sentencia sobre un caso en el que se vean afectados derechos previstos en el convenio europeo.

Aunque la opinión del Tribunal Europeo no es vinculante, "determinará la jurisprudencia" y es probable que el tribunal nacional adapte su decisión a la interpretación que haya hecho Estrasburgo, ha afirmado Saura.

"Es una herramienta que permitirá evitar a posteriori sentencias condenatorias contra los estados", ha destacado, y ha puesto como ejemplos el caso sobre la Doctrina Parot o la sentencia sobre la quema de fotos del Rey.