Pide un protocolo para que las prostitutas conmuten multas por medidas alternativas
BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha cuestionado este jueves cómo el Ayuntamiento y la Guardia Urbana aplican la ordenanza del civismo en materia de prostitución por no aplicar el aviso previo antes de sancionar a clientes y a prostitutas.
La ordenanza afirma que sólo se puede multar si persisten en la infracción tras haberles avisado, ha destacado Vilà en un comunicado, el mismo día en que el Parlament ha aprobado presentar una propuesta normativa para prohibir la prostitución en las carreteras y las vías públicas de Catalunya.
Vilà tiene quejas en relación a que los agentes no advierten a prostitutas y clientes antes de sancionarles, y se pregunta si se informa a las prostitutas de que pueden dirigirse a la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits) para buscar una alternativa.
Ha supervisado la queja de un hombre que afirma que fue multado por la Urbana sin que antes le avisaran, a la par que le constan quejas por el mismo motivo de diferentes colectivos de mujeres que ayudan a las prostitutas.
La Urbana no aporta ninguna prueba que demuestre que ha hecho previamente la advertencia, más allá de la presunción de veracidad del agente, y Vilà también ha pedido al Ayuntamiento saber cuál es el grado de protección de los datos de quienes son multados porque continúan archivados al menos un año para comprobar la reicidencia.
Vilà ha recomendado a las áreas de Acción Social y Ciudadanía, y de Prevención y Seguridad, que se coordinen para elaborar un protocolo único y claro para que las prostitutas puedan sustituir la sanción económica por medidas alternativas con finalidades sociales y educativas.
Precisamente en la presentación en marzo del balance de 2010 de Abits, la edil de Mujer y Juventud, Elsa Blasco, reconoció que multar no reduce el número de prostitutas, y que el Ayuntamiento vive una cierta contradicción al atenderlas socialmente y a la vez sancionarlas.
Recientemente la síndica ha estimado una queja presentada por una educadora social en relación a una extranjera que fue multada en 2007 con 1.831,96 euros por persistir en el ofrecimiento de servicios sexuales.
ALTERNATIVAS PARA LAS MUJERES
A la mujer no se le aplicaron los mecanismos que tienen por finalidad buscar una alternativa a las personas vulnerables, uno de los principales objetivos de la ordenanza, y Vilà ha criticado que las entidades de apoyo a las prostitutas no tienen acceso a los canales municipales para conmutar sanciones.
La prostitución callejera es una cuestión que ha preocupado a la Sindicatura desde que se puso en marcha en 2005, y Vilà cree que es un problema social que no se puede tratar sólo como un problema de ocupación de la vía pública.
