La Síndica de Greuges de Barcelona pide cambios en el servicio puerta a puerta para discapacitados

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha instado al Ayuntamiento a introducir cambios en el servicio municipal puerta a puerta para discapacitados, porque pese a ser esencial para sus usuarios, "está poco regulado, con criterios demasiado generales" y no cuenta con las garantías presupuestarias suficientes.

En un informe hecho público este martes, Vilà ha exigido blindar económicamente esta prestación y garantizar su universalidad, ya que en 2012, "no se pudieron atender más de 14.000 viajes por falta de asignación presupuestaria", aunque también se registraron otros 15.000 casos en los que los usuarios no comparecieron pese a haber solicitado un servicio.

En 2012, el presupuesto para este servicio se redujo un 11% en relación a 2011, aunque hubo un incremento del 3,2% del número de usuarios atendidos.

Vilà ha reclamado que esta prestación esté plenamente garantizada y que figure en la cartera de servicios sociales, y ha puesto de manifiesto que su demanda irá incrementándose en los próximos años, por el envejecimiento de la población y de la esperanza de vida.

DERECHO A LA AUTONOMÍA

Según la Síndica, toda persona tiene derecho a la autonomía, a la movilidad personal y a la no discriminación, por lo que los poderes públicos están obligados a "llevar a cabo políticas que amparen especialmente a las personas con discapacidad a disfrutar de los derechos que la Constitución confiere a todos los ciudadanos".

Tras analizar la regulación española y catalana, la Síndica ha diagnosticado que "no hay una normativa clara en relación con los sujetos que pueden hacer uso, las condiciones de acceso y el nivel de obligatoriedad", ni tampoco una financiación garantizada por parte de los poderes públicos.

El año 2012, el coste del servicio fue de cerca de 5 millones, un 11% menos que en el 2011, cuando se situó en los 5,2 millones, y desde su puesta en marcha, su presupuesto siempre se había ido incrementando hasta el 2011, año en que produjo un cambio de tendencia, ya que en 2012, el presupuesto se situó a niveles de 2009.

Para Vilà, esta disminución presupuestaria puede afectar al derecho de movilidad de los ciudadanos discapacitados, pese al incremento de la demanda: si en 2011 se atendieron 3.658 personas, en 2012 fueron 3.777, y en cinco años, la variación ha sido del 36%.