La síndica de Greuges de Barcelona pide incluir la institución en la Carta Municipal

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha pedido este viernes incluir esta institución en la Carta Municipal para garantizar el pleno derecho de la ciudadanía a defenderse ante una eventual "mala administración".

Al presentar en el pleno del Ayuntamiento su informe de 2013, ha explicado que el consistorio se dotó de un síndico de Greuges hace 10 años y que, más allá de su reglamentación orgánica, esta figura debe incluirse en la Carta Municipal para "reconocer a la ciudadanía el derecho a la defensa y a la revisión objetiva e independiente de sus problemas".

Así, ante las quejas y demandas de la ciudadanía, la Sindicatura instruiría un expediente de propuesta de mejora, y la "última palabra" la tendría el alcalde en cada caso.

Desde el gobierno municipal, el concejal de Presidencia, Jordi Martí Galbis, ha reconocido el trabajo de la Síndica, y el alcalde, Xavier Trias, ha asegurado que tendrán en cuenta todas las recomendaciones del informe: "Intentaremos aplicarlas".

La vivienda pública, especialmente para situaciones de emergencia, es una parte significativa de las peticiones de Vilà al Ayuntamiento, que ha planteado en el mismo pleno que prevé aprobar la creación de la empresa Barcelona d'Aparcaments Municipals (Bamsa), que se privatizará parcialmente, y el dinero que se obtenga con esta operación se destinará mayoritariamente a promover pisos protegidos en la ciudad.

Vilà ha pedido un plan de choque para que puedan acceder a una vivienda los colectivos más vulnerables, incluidos los desahuciados, y ha pedido cambios en el reglamento de acceso a los pisos de emergencia, ya que se ven excluidas las familias sin techo que, ante su situación de vulnerabilidad, han ocupado un piso.

Ha recordado que hay más de 15.000 personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda pública de Barcelona, la mitad de los cuales no alcanzan el indicador de renta de suficiencia de Catalunya, que este año se sitúa en los 569,12 euros mensuales, y eso hace imprescindible una actuación urgente del consistorio.

LA OPOSICIÓN PIDE CAMBIOS

El presidente del grupo del PSC, Jordi Martí, ha remarcado que la crisis "no es culpa del gobierno, pero tiene la responsabilidad de hacerle frente"; ha destacado que el principal problema de Barcelona no es el acceso a la vivienda, sino los desahucios, y ha considerado inaceptable multar a personas en situación de exclusión social por incivismo.

Precisamente, la Síndica pide en su informe anual cambios en la ordenanza de civismo, una petición que ha hecho suya Ricard Gomà (ICV-EUiA), ya que la normativa "es un instrumento generador de injusticia; se deben modificar los protocolos de intervención que permiten denunciar a personas vulnerables".

El líder de UpB, Jordi Portabella (ERC), ha coincidido en resaltar que "la dignidad de las personas pasa por el trabajo y la vivienda", y ha opinado que el gobierno municipal no ha hecho suficiente en este último campo.

El presidente del PP en el consistorio, Alberto Fernández, ha señalado la necesidad de mejorar el funcionamiento y la sensibilidad del Ayuntamiento, y ha expresado la necesidad de reducir las listas de espera para acceder a los servicios sociales.