La síndica de Greuges pide adecuar el modelo de transparencia catalán "a las nuevas necesidades"

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha pedido adecuar el modelo de transparencia catalán "a las nuevas necesidades", y ha presentado propuestas para modificar la normativa y conseguir una administración más transparente.

Así se desprende del informe anual de transparencia, que ha analizado los últimos 10 años desde la aprobación de la Ley de Transparencia, en el que ha constatado que "se han producido avances significativos", pero alerta de que la falta de recursos humanos y materiales, así como el desequilibrio territorial, limitan su efectividad.

La síndica ha defendido que "es el momento de hacer balance, de ir más allá del cumplimiento estrictamente normativo y de revisar el modelo de gobernanza de la transparencia para adaptarlo y mejorarlo", y ha llamado a la implicación real de todos los agentes económicos y sociales, tanto del sector público como del privado.

Ha propuesto medidas como adoptar una concepción integral del buen gobierno que incluya a todo el personal de las administraciones, no solo a los altos cargos, con el objetivo de prevenir las malas prácticas e introducir mejoras efectivas en la publicación de información sobre contratación y concesión de subvenciones y ayudas por parte de entes públicos.

También ha defendido que se debe garantizar una aplicación efectiva del principio de equidad vertical, establecer una regulación más sistemática de la participación ciudadana, con una definición clara de los derechos y límites de esta e incorporar mecanismos de evaluación y seguimiento de las medidas de transparencia, así como mejorar el sistema sancionador.

LOS DATOS

El informe recoge que en 2025, el 88,6% de las 1.007 administraciones y entes receptores de fondos públicos a los que se les ha solicitado información la han proporcionado, el segundo porcentaje más alto de la serie histórica.

Una de las principales alertas del informe es la "insuficiente dotación de recursos humanos y económicos", ya que el 64 % de las administraciones catalanas no cuenta con ninguna persona destinada a jornada completa a las tareas de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

También alerta de la "doble velocidad territorial en el cumplimiento de la normativa" en materia de transparencia, ya que los municipios rurales, especialmente los más pequeños, son los que tienen mayores dificultades para cumplir con las obligaciones legales, debido tanto a la falta de recursos como a las limitaciones de su estructura organizativa.

En lo que respecta a los portales de transparencia de los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, estos presentan "más carencias, sobre todo en lo referente a la información económica y de contratación".

Respecto a las solicitudes de acceso a la información pública, el informe destaca un incremento del 28 % respecto al año anterior, y destaca que el aumento más significativo se ha producido en los municipios pequeños, que tienen menos recursos para atender las solicitudes.

Además, el informe alerta de un retroceso significativo, del 24%, en el número de reuniones registradas con los grupos de interés y concluye que este es el ámbito en el que menos se ha implementado la Ley.