Un sindicato denuncia a dos ediles de la CUP por agresiones antes del juicio a Garganté

Concentración a las puertas del juicio a J.Garganté (CUP)
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 13 diciembre 2016 13:23

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seis delegados sindicales del Csif han presentado sendas denuncias en los juzgados de Barcelona por agresiones, insultos y amenazas de dos ediles de la CUP en Barcelona y otros simpatizantes durante las concentraciones a favor y contra el juicio al concejal de esta formación Josep Garganté el 1 de diciembre.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, entre los denunciados están las concejales María José Lecha y Maria Rovira, que profirieron insultos, descalificaciones y amenazas a los manifestantes convocados por sindicatos de la Guardia Urbana como el Csif para pedir la dimisión de Garganté.

Los hechos ocurrieron en las manifestaciones cruzadas de defensores y detractores de Garganté ante las puertas de la Ciudad de la Justicia antes de que se celebrara el juicio al edil por unas presuntas coacciones a un médico para que modificara un parte implicando a la Guardia Urbana, del que quedó absuelto al renunciar el médico a denunciar.

Las denuncias más graves presentadas por los delegados sindicales por agresiones con resultado de contusiones y contracturas han sido presentadas por el secretario de Organización de Csif en el Ayuntamiento de Barcelona y guardia urbano, Eugenio Zambrano, y la empleada de Correos May Jiménez Hernández.

Según las denuncias, Zambrano sufrió contusiones en la tibia y en un costado, mientras que Jiménez tuvo una contractura muscular con el brazo en cabestrillo, por los "puñetazos en la espalda y empujones en el pecho" que le propinaron.

De hecho, este agente asegura en la denuncia que las concejales le profirieron insultos y amenazas como 'portavoz de mierda de la Guardia Urbana', 'policía de mierda', 'torturador' y 'ya te enterarás', y le dieron patadas en las piernas, abdomen y costillas.

El Csif ha condenado estos hechos y ha reclamado el derecho a ejercer de manera legítima su libertad sindical, además de pedir "respeto institucional" en las relaciones entre los representantes políticos y representantes de los trabajadores.