La Sindicatura ve indicios de delito en la gestión del Ayuntamiento de Cunit entre 2006 y 2007

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas de Catalunya ha detectado indicios de delito y de responsabilidad contable en gestión del Ayuntamiento de Cunit durante los ejercicio de 2006 y 2007, por lo que ha remitido el caso a Fiscalía y al Tribunal de Cuentas.

Estas dos entidades deberán decidir si abren procedimiento, que puede tirar adelante de forma paralela en ambos casos, en uno por la vía penal y en el otro por responsabilidad contable por provocar pérdidas para la administración pública, han informado a Europa Press fuentes de la Sindicatura.

La fiscalización de la Sindicatura corresponde en su mayoría a la etapa de gobierno de M.Dolors Carreras (PSC), que dimitió en agosto de 2007 tras ser inhabilitada para ejercer cargos públicos durante siete años por una sentencia por prevaricación.

El Ayuntamiento de entonces, formado por PSC y PP, recibió varias denuncias de la oposición municipal (CiU, ERC e ICV) por presuntas irregularidades, aunque la Sindicatura ha realizado la revisión de las cuentas siguiendo su propio calendario, según expone el informe.

Entre las conclusiones de la fiscalización destaca que el Ayuntamiento de Cunit finalizó 2007 con un agujero de tesorería de casi el doble del reconocido, ya que la Sindicatura lo sitúa en 5,5 millones de euros negativos, frente a los 2,9 presentados por el Consistorio.

Asimismo, la Sindicatura ve indicios de delito en pagos y anticipos a la empresa La Auxiliar de Recaudación por tareas no acreditadas, y por una indemnización innecesaria de 500.000 euros a la UTE Tiferca-Geafe, adjudicataria de la construcción y explotación del complejo deportivo de Cunit.

También alerta sobre irregularidades en la adjudicación y modificación del contrato de recogida de basuras y limpieza de playas, para el que se eligió a la empresa Cespa.

Asimismo, señala un "significativo endeudamiento" a largo plazo no reconocido como pasivo en las cuentas municipales --y del que pagaba intereses-- y que se obtuvo mediante un adelanto por parte de la empresa de suministro de aguas Sorea del canon del agua y el alcantarillado, por un importe que a finales de 2007 ascendía a más de tres millones de euros.

Otra cuestión observada por la Sindicatura es que los cargos de la Intervención y Secretaría del Ayuntamiento estaban ocupados por personas de confianza, en vez de por funcionarios con habilitación estatal, como marca la ley, y que los pagos en los que ha detectado indicios de delito fueron ordenados por la alcaldesa pese a la oposición de la Intervención.