Los 'skins' acusados de apalizar a antifascistas en Manresa pagan 97.000 euros por perjuicios

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La docena de acusados que irrumpieron en la sala Stroika de Manresa (Barcelona) para presuntamente agredir a varios jóvenes antifascistas durante un concierto el 23 de marzo de 2012 han consignado a favor de las víctimas 97.000 euros como reparación del daño, lo que se une a los 16.000 abonados por un menor que participó en las agresiones y que ya fue jugado y condenado.

Así lo han explicado este miércoles los abogados de los acusados en el primer día de juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona y que se ha destinado a resolver cuestiones previas, antes de los interrogatorios a los acusados programados para este jueves, aunque podrían negarse a declarar.

Entre estas cuestiones, el fiscal especial para delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha pedido que se prorrogue la prisión provisional a los diez acusados que están en la cárcel --cinco están en libertad-- hasta que se dicte sentencia, dado su "alto grado de peligrosidad" y las altas penas que se piden por delitos graves; el juez ha anunciado que lo resolverá en los próximos dos días.

El fiscal les acusa de vengarse se un grupo de antifascistas que habían atacado anteriormente a varios neonazis el 12 de octubre del año anterior cuando celebraban un concierto de grupos de extrema de derecha en el local The Other Place del barrio barcelonés del Poblenou, según su relato de los hechos previo al juicio.

Se armaron con barras de hierro, puños americanos y bengalas, y con una estética propia de 'skins' --cabeza rapada, tatuajes nazis y uniformes oscuros-- irrumpieron en la sala y agredieron a varios jóvenes, a uno de los cuales dejándolo "en coma con la cabeza abierta" y riesgo de muerte, ha recordado este miércoles el fiscal.

El representante del Ministerio Público también ha pedido una ampliación de las pruebas para el juicio, entre las que figura alguna declaración más de agentes de los Mossos d'Esquadra como testigos, de un guardia civil y la comparecencia de un miembro de la policía científica como perito para valorar las armas que se emplearon, aunque el juez ha rechazado esta última petición.

Los acusados se enfrentan a penas de hasta más de 30 años de cárcel por los presuntos delitos de asociación ilícita --en calidad de dirigente para el cabecilla, Javier C., y de miembro para el resto--; de asesinato con alevosía en grado de tentativa; de lesiones con instrumento peligroso; de daños; de desórdenes públicos, y de tenencia ilícita de armas.