Los hoteles de la Torre Agbar y la antigua Henkel, entre los que siguen adelante
BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La teniente de alcalde Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, ha anunciado este viernes que la suspensión de licencias de alojamientos turísticos impulsada por el Gobierno de Ada Colau en julio paraliza temporalmente 35 proyectos, mientras que 51 siguen adelante por tener licencias previas o certificados que lo permiten.
Sanz ha detallado en rueda de prensa que, de los 35 que se suspenden, 30 son hoteles, tres son albergues de juventud y dos son residencias de estudiantes, mientras que en los 51 establecimientos no sujetos a la suspensión se incluyen una residencia, cinco albergues y 45 hoteles, entre ellos los que se ubicarán en la Torre Agbar y en la antigua sede de Henkel.
La moratoria, aprobada para diseñar un plan de regulación, ha suspendido temporalmente la creación de las alrededor de 3.000 plazas de hoteles y hostales que generarían los proyectos suspendidos, mientras que los 51 que seguirán adelante pese a la decisión del Gobierno de Colau representarán casi 10.000 plazas nuevas.
De los 51 no sujetos a la medida, a 36 se les había concedido la licencia meses antes de aprobarse la suspensión --algunos han empezado las obras--; otros seis tienen un certificado de aprovechamiento urbanístico que les permite sacar adelante el proyecto --entre ellos el hotel de la Torre Agbar--; y otros nueve se aprobaron por silencio administrativo --incluido el de Henkel-- por la "inacción del Gobierno anterior" según Sanz.
Sanz ha resaltado que, "como algunos de los proyectos tienen mucho impacto y el rechazo vecinal, en algunos se está en diálogo para alcanzar una solución", entre los que ha dicho que se encuentra el de la sede de Henkel, en la calle Còrsega entre Nàpols y Sicília.
PROCESO PARTICIPATIVO
La teniente de alcalde ha destacado que entre noviembre y diciembre se informará a los vecinos sobre la situación del turismo en la ciudad y se debatirá con los actores vinculados sobre los criterios del futuro plan especial urbanístico de regulación, que se validarán entre febrero y marzo en unas jornadas abiertas a la ciudadanía sobre el Plan de Actuación Municipal (PAM).
Los criterios y las bases del plan se abordarán en el Consejo de Turismo y Ciudad, que se constituirá después de resolver las alegaciones a un reglamento que ahora se encuentra en fase de presentación a los grupos municipales, ha señalado el concejal de Empleo, Empresa y Turismo, Agustí Colom.
Sanz ha destacado que el Gobierno municipal basa actualmente sus criterios sobre la regulación en la garantía del derecho a la vivienda contemplando la presión del mercado inmobiliario sobre el alquiler por la influencia del turismo; en garantizar la convivencia y el descanso de los vecinos, y en las condiciones y los usos del espacio público.
RECURSOS Y ALEGACIONES
Ha resaltado que el Ayuntamiento ha recibido la notificación formal de 16 recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra la suspensión, ante la que el consistorio ha recibido 20 alegaciones.
Sanz ha señalado que ha terminado el plazo para presentarlos pero que es posible que el TSJC no haya notificado todavía todos los recursos que ha admitido a trámite, por lo que podría haber más, y ha asegurado: "No podemos decir cuáles se traducirán o no en demanda. No podemos, porque estamos en un terreno muy inicial".
"Esta suspensión está blindada jurídica y legalmente, no hay inseguridades jurídicas para nadie", ha garantizado Sanz, que ha recordado que la intención del Gobierno municipal es aprobar inicialmente el plan de regulación en marzo y hacerlo definitivamente antes de julio, un año después de la aprobación de la suspensión, por lo que podría levantarse antes.
Ha aseverado que "es evidente que el mundo no se acaba por tener que esperar este espacio de tiempo, y la suspensión no es una losa para la ciudad porque muchos proyectos se están desarrollando", y ha destacado que los particulares tienen derecho a defender sus intereses privados pero que la ciudad también tiene derecho a defender el interés público.
La teniente de alcalde ha defendido que la suspensión se acordó como una herramienta para evitar que la ciudad avanzara hacia un colapso turístico sin control democrático, según Sanz, que ha asegurado que "lo que conducía a la ruina del sector era seguir de brazos cruzados y dejando toda la iniciativa y control a los promotores privados".
